Basada en un análisis hecho sobre la materialización de desastres naturales ocasionados por los efectos del fenómeno La Niña en Colombia, la Defensoría del Pueblo lanza una alerta por la amenaza a la que estarían expuestas las comunidades, como también por las posibles consecuencias que se podrían derivar de un evento climático similar.
“No hemos superado los impactos de El Niño y ahora debemos prepararnos para una temporada de intensas lluvias, que podría ser potencializada por La Niña entre junio y septiembre próximos, así como alistarnos para el inicio de ciclones tropicales en el Atlántico, que tendrían lugar en cuestión de semanas. La situación conllevaría inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos”, alerta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Se prevé que para la temporada de ciclones tropicales se consoliden 23 tormentas tropicales, 11 huracanes y cinco huracanes mayores. Por esa razón, hace un llamado acuciante a todos los organismos de carácter nacional, regional y local con responsabilidades en la gestión del riesgo de desastres: “Implementen medidas de reducción del riesgo y atención de emergencias y actualicen los planes de gestión y estrategias, ante los posibles impactos y vulneraciones de los derechos de las comunidades en el territorio nacional”.
Antecedentes recientes
El más reciente antecedente de consideración de La Niña generó importantes afectaciones, lo que motivó al Gobierno Nacional a declarar Situación de Desastre de Carácter Nacional, justificada en la alta probabilidad de inundaciones y crecientes súbitas en 22 departamentos del país, y deslizamientos en 519 municipios de 24 departamentos.
Es preciso recordar que el huracán Julia dejó en el 2022 alrededor de 50.000 personas afectadas y cerca de 5800 viviendas averiadas en La Guajira y en San Andrés y Providencia. Entre tanto, en 2020 el Iota desencadenó una crisis humanitaria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tales eventos fueron una demostración del efecto catastrófico que producen en las comunidades.
En su momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estimó que el 59% de los municipios del país, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, debía prestar especial atención y monitoreo continuo, sobre todo por la probabilidad de afectaciones a causa de las fuertes precipitaciones.
Lo anterior evidencia la gran amenaza que representan los eventos climatológicos y meteorológicos proyectados sobre el país y sobre el goce pleno y disfrute de los derechos humanos y colectivos de la población.
Hay que prevenir la vulneración de derechos esenciales
“Es indispensable que el Gobierno Nacional y los entes territoriales ejecuten las medidas necesarias para proteger a las personas, la infraestructura, el tejido social y ambiental, con el fin de que sean mantenidas las condiciones sociales, económicas y ambientales, y para que sea prevenida la vulneración de derechos humanos esenciales, como la vida, la alimentación, la vivienda, la salud, la economía y la movilidad por el territorio”, remarca Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones sobre prevención de riesgos y atención de emergencias a la UNGRD, a varios ministerios, administraciones departamentales y municipales, a corporaciones autónomas regionales y a la comunidad en general, con la finalidad de hacerle frente, como debe ser, a los efectos que podría ocasionar el fenómeno La Niña.