Una vez pasen las elecciones presidenciales, en la plenaria del Senado se adelantará un debate de control político sobre todas las denuncias electorales que se han venido dando por parte de los sectores políticos.

Así lo anunció el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, precisando que ya el debate de control político está programado y en él se escucharía a la Registraduría y las autoridades electorales.

Alerta máxima

Como lo publicó esta semana EL NUEVO SIGLO, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) denunció la existencia de una mafia dentro de la Registraduría que estaría organizando fraudes electorales y vendiendo paquetes de votos para beneficiar determinados candidatos, con precios de hasta 2.500 millones de pesos.

Los investigadores de la Fundación explicaron que esta mafia habría quedado en evidencia con la realización de los comicios parlamentarios el pasado 11 de marzo, en donde presuntamente, existirían empresas ficticias que acomodan hasta 60 jurados de votación, acompañados de formularios generales de escrutinios en donde no aparecerían votos justificados. Todo parte de la red mafiosa dentro de la Registraduría que se encarga de la venta de los exageradamente costosos paquetes para impulsar candidatos.

Precisamente, una denuncia concreta fue presentada por el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sobre la selección de jurados en Barranquilla, quien manifestó que “lo que descubrí es muy grave. La Registraduría suministró claves y contraseñas a 2.373 personas jurídicas, pero solo 1.609 entidades enviaron datos, sin que hasta la fecha esa entidad haya iniciado procesos sancionatorios contra 764 entidades faltantes conforme a la Ley 163 de 1994”.

Además dijo que “de 91.605 ciudadanos reportados, 37.197 fueron rechazados por errores en su número de cédula, ser analfabetas o mayores de 65 años, quedando 54.408 aptos, de los cuales 20.089 fueron seleccionados como jurados de votación para atender las 3.034 mesas de Barranquilla y área metropolitana”.

“Pero ahí no acaba”, añadió, porque “al verificar la información de los jurados elegidos, se advierte que solo 16.106 aparecen relacionados con el Sistema de Seguridad Social. Lo anterior implica que por lo menos 3.983 de los jurados elegidos para Barranquilla y área metropolitana presentan irregularidades”.

Benedetti expresó que  la misión de la Registraduría es garantizar la legitimidad, transparencia y efectividad del proceso electoral. La filtración de falsos empleados de empresas y entidades como jurados de votación es un asunto de su interés para cumplir esa misión.

Y aseguró que “no es posible que la Registraduría se lave las manos y diga que la ley no los obliga a comprobar el vínculo de los jurados de votación. ¿Cómo garantizar que las mafias electorales no hagan el mismo fraude en las presidenciales? ¿En manos de quién estamos dejando la democracia?”.

Abren investigación

A través de un comunicado, el registrador Juan Carlos Galindo anunció que fue ordenada la revisión de la información entregada por Benedetti.

“El propósito es verificar si en efecto, para las elecciones de Congreso de la República, hubo irregularidades por parte de empresas y entidades en el cargue de la información de sus empleados. Si bien este tipo de hechos son competencia de la Fiscalía y de los órganos de control y vigilancia, la información que pueda entregar la Registraduría sobre este cruce de bases de datos, puede constituirse en un importante insumo para las investigaciones que eventualmente deba adelantar la autoridad competente, de resultar ciertas”, señaló.

El funcionario manifestó que la información entregada por el senador Benedetti es al mismo tiempo una alerta que no se puede desconocer, de cara a las elecciones del próximo 27 de mayo. Por esta razón, puntualizó, “también ordené que se haga el cruce a las bases de datos de jurados de votación para las elecciones de Presidente de la República y así poder tomar medidas con las autoridades competentes”.

Paquetes electorales

La información recopilada por Pares, que tuvo colaboración de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), será presentada ante las autoridades para desmantelar lo que fue calificado como una red de “paquetes electorales”.

Según explicó Ariel Ávila, subdirector de Pares, la función que tendrían los paquetes es ayudar a los candidatos completando los mínimos de votos cuando a algún político no le alcanzaran para acceder a la curul, los cuales pueden tener precios desde los 1.600 hasta 2.500 millones de pesos. La mafia estaría funcionando principalmente en la Costa Atlántica, Cúcuta y el Área Metropolitana de Cali.

Entre tanto el registrador Galindo manifestó que es una lástima que sobre supuestos se quiera poner en duda la transparencia de la Registraduría a dos semanas de las elecciones presidenciales, sin tener el cuenta el daño institucional que este tipo de suposiciones pueden generar.

“Es un irrespeto que la Fundación Paz y Reconciliación presente un informe basado en supuestos a dos semanas de las elecciones. Habla en condicionales y sin pruebas con unas acusaciones muy graves, no puede hacer manifestaciones de esta naturaleza y si tiene las pruebas pues que vaya a la Fiscalía; debemos ser responsables, no somos ajenos al fraude pero tampoco podemos sembrar dudas de esa forma”, añadió.

Dijo que la Registraduría tiene cómo garantizar la logística y la transparencia para las próximas elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta.