A TRAVÉS de su Alerta Temprana 007 de 2024, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales que ejercen su labor en asuntos ambientales en el bioma amazónico nacional.

El ente identifica en su documento de prevención peligros en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.

“Necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”, asegura el defensor Carlos Camargo Assis.

Desde la Defensoría se lograron evidenciar ocho escenarios de riesgo para quienes defienden el medioambiente, los cuales fueron determinados según la forma de actuación y regulación que ejercen ilegalmente los grupos armados sobre aspectos ambientales en cada territorio y el tipo de reivindicación ejercida por los liderazgos frente al efecto de determinadas economías legales e ilegales.

Uno de ellos se basa, por ejemplo, en las afectaciones a liderazgos campesinos y comunitarios en zonas de control hegemónico del Caquetá, Meta y Guaviare, que forman parte del arco de la deforestación. “En esos lugares, facciones disidentes de las Farc imponen regulaciones ambientales y hasta cobran ‘impuestos’, afectando el ejercicio mismo de protección del ambiente que les corresponde a las juntas de acción comunal, a los liderazgos indígenas y a las autoridades ambientales”, expresa Camargo Assis.

Minería ilícita en frontera

También se evidenció cómo en la frontera con Venezuela, por Guainía y Vichada, la minería ilícita de oro y coltán ha generado un escenario de coexistencia armada entre estructuras ilegales, como facciones disidentes de las Farc, el Eln y grupos de crimen organizado que se benefician de su explotación, imponiendo extorsiones, regulaciones territoriales y generando violencia. “Allí, las autoridades propias y tradicionales indígenas, así como organizaciones de la sociedad civil que han buscado fortalecer el gobierno propio, han resultado expuestas a amenazas e intimidaciones cuando han visibilizado estas afectaciones”, manifiesta el defensor del Pueblo.

En la frontera con Brasil, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, se evidenció un escenario similar, donde las organizaciones armadas que compiten por la minería de oro y el narcotráfico estarían estableciendo alianzas incluso con el crimen organizado del vecino país, lo cual aumenta la complejidad de la situación y la violencia en la región. Los riesgos también se ciernen para liderazgos indígenas, autoridades ambientales y ONG que buscan incidir en el fortalecimiento organizativo étnico y la investigación científica dirigida a la protección del ambiente.

Otro escenario de riesgo está relacionado con las disputas por el control territorial en áreas protegidas, como parques nacionales naturales en Putumayo y Caquetá, donde se observa un incremento de las zonas con cultivos de uso ilícito. Ha habido afectaciones a liderazgos ambientales campesinos, indígenas, autoridades ambientales e incluso para quienes han promovido el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), generando intimidación, amenaza, restricción de la autonomía y ataques contra la vida e integridad de estas personas, a la par que la economía ilícita se fortalece.

Además, en zonas de reserva campesina de esos dos departamentos hay amenazas e intimidación hechas por estructuras armadas en la ilegalidad. Las comunidades y liderazgos de las zonas en disputa son las más expuestas.

Cabe mencionar que otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono.