El ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, aseguró que antes de finalizar febrero se expedirá un decreto que contempla el paso de la protección individual de personas amenazadas a la protección colectiva de las comunidades en riesgo.

“Es el momento de dar ese paso. Se trata de proteger no sólo a las personas visiblemente más amenazadas, sino a la comunidad, al colectivo. Empezaremos en municipios y corregimientos donde la población tiene mayor riesgo, Llano Rico, es uno de ellos”.

El jefe de la cartera política lideró una reunión con líderes sociales y defensores de Derechos Humanos del Bajo Atrato, para hacer seguimiento a compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en aspectos como restitución de tierras, presencia de la Fuerza Pública, medidas de protección e investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“Son muchos los avances logrados sólo en 45 días. Es la primera vez que nos sentamos aquí con los comandantes del Ejército y la Policía Nacional. La primera vez que la comunidad pueden expresar sus inconformidades y criticar nuestras falencias. Es la mejor forma de corregir para garantizar sus derechos, la mejor manera de construir paz” expresó el alto funcionario.

El ministro se había reunido el 18 y 19 de diciembre del año pasado y el 29 y 31 de enero de este con los líderes y de acuerdo al compromiso adquirido, se desplazó a territorio acompañado de delegados del  Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Fiscalía y la  Defensoría del Pueblo.

El vicepresidente Óscar Naranjo anticipó la firma de un decreto que tendrá como objetivo fortalecer el sistema de alertas tempranas ante la amenaza o la mera advertencia de un crimen contra los defensores de derechos humanos.

Naranjo dijo que en cada caso, desafortunado, donde un líder sea asesinado, la primera hipótesis será que el crimen está relacionado con su actividad como promotor y defensor de casusas sociales.

La Fiscalía también entregó un reporte en materia de esclarecimiento de hechos criminales contra estos líderes, según ese informe el 52% de los asesinatos fueron esclarecidos y con responsables capturados.