La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes invirtió un total de $37.000 millones en el contrato interadministrativo que suscribió con el Gobierno nacional para garantizar la seguridad de los congresistas.

De acuerdo con la Dirección Administrativa de la corporación, para ese contrato inicialmente se tenía una partida por $53.000 millones para el alquiler de camionetas blindadas. Sin embargo, solo se utilizaron para ese propósito $37.500 millones, pues el resto lo puso la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La aclaración la hace la corporación legislativa tras las críticas que se conocieron a final de la semana pasada por la inversión de $53.000 millones para alquilar vehículos blindados mientras que en las oficinas de los congresistas no hubo servicio de telefonía e Internet en diciembre pasado por falta de pago.

El contrato interinstitucional de arrendamiento de vehículos blindados es celebrado cada año entre la Cámara de Representantes y la UNP que provee la seguridad a los 172 congresistas de ese órgano legislativo.

María Carolina Carrillo, directora administrativa de la corporación, aseguró que el contrato cumple con todos los requisitos de ley.

“Para la vigencia 2019 la UNP aporta $14.578 millones”, señala un comunicado oficial de esa dependencia en el que se aclara que los recursos “no solo serán para el alquiler de los vehículos, sino también para la contratación de otros elementos de seguridad”.

Entre estos aparecen: personal de protección para los congresistas, de acuerdo con el estudio de nivel de riesgo; chalecos blindados; capacitaciones y cursos de autoprotección; vehículos seguidores; equipos de comunicaciones, salarios y prestaciones sociales del personal de seguridad.

El contrato

El convenio interadministrativo No.1096 del 13 de diciembre de 2018 tiene por objeto “aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos, logísticos y administrativos para brindar e implementar el esquema de seguridad requerido por los honorables Representantes a la Cámara que se encuentren en situación de riesgo extraordinario en razón al ejercicio de su cargo”.

Asimismo, se señala que el contrato “estará vigente desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto”.

Igualmente, el documento contractual señala, según el comunicado, que la UNP “realiza el aporte técnico requerido para asegurar la adopción e implementación del esquema de protección” de los Representantes a la Cámara.

Y agrega que los estudios de seguridad para cada uno de los legisladores “son llevados a cabo por la Policía Nacional y con base a las resultas de los mismas se determina el nivel de riesgo de estos servidores a fin de implementar sus esquemas de seguridad, por ende, la asignación de vehículos y hombres de protección esto no depende de manera caprichosa Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes”.

El comunicado también cita las normas legales que hacen referencia a la obligación del Estado de “garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”.

Por otra parte, también se advierte que comprar vehículos nuevos, en vez de alquilarlos, es una modalidad que “resulta más costosa para la Corporación ya que esto implica que la entidad deba contar con recursos y asumir costos por mantenimientos preventivos y correctivos, impuestos, póliza, seguros, revisión tecnicomecánica, suministro de combustible, exposición por pérdida por accidente o hurtos, bodegaje, entre otros, y por la modalidad de rentig o alquiler resulta más beneficiosa y menos costosa ya que estas obligaciones quedan en manos de un tercero”.