El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1537 del 20 de diciembre de 2024, estableció modificaciones significativas en el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), reconociendo una prima de riesgo equivalente al 30% de la asignación básica mensual para el cuerpo de custodia y vigilancia, así como para los directores y subdirectores de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON).
Este decreto, firmado por el Presidente Gustavo Petro y suscrito por los ministerios de Justicia y Hacienda tras un trabajo articulado con el Departamento Administrativo de la Función Pública, modifica los artículos 11 del Decreto 446 de 1994 y 33 del Decreto 0301 de 2024. La prima de riesgo, según lo estipulado, se aplicará durante las siguientes situaciones administrativas: servicio activo, vacaciones, permisos remunerados, permiso sindical, licencias por enfermedad, por luto, maternidad y paternidad.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó que esta medida no se trata de una bonificación, sino de un reconocimiento al alto nivel de riesgo al que están expuestos los funcionarios del INPEC. “Es una evaluación frente a su condición de riesgo que genera un reconocimiento en la proporción que señala el decreto”, afirmó.
Este ajuste no solo cobija al cuerpo de custodia y vigilancia, sino que también extiende su alcance a los directores y subdirectores de los establecimientos carcelarios, resaltando la importancia de su labor para mantener el orden, la seguridad y la resocialización de las personas privadas de la libertad. La norma enfatiza además el compromiso del Gobierno con la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, especialmente en un entorno que frecuentemente pone en riesgo la integridad física, mental y emocional de estos servidores públicos.
Impacto de la medida
Con esta nueva regulación, el Gobierno reconoce el carácter esencial del servicio prestado por los funcionarios del INPEC, quienes diariamente enfrentan desafíos significativos en el cumplimiento de sus funciones. Esta prima de riesgo, además de fortalecer el bienestar de los trabajadores, busca dignificar su labor y garantizar mejores condiciones en el ejercicio de sus responsabilidades.
El decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación, marcando un hito en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores públicos que integran el sistema penitenciario y carcelario del país.