Tras cinco horas de diligencia, la jueza a cargo de la audiencia contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, decidió aplazar la sesión para el próximo miércoles 11 de diciembre de 2024 a las 9:00 a. m..

La audiencia, que buscaba determinar si la exfuncionaria debía ser recluida en un centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra, fue suspendida luego de que la defensa argumentara irregularidades en el acceso a las pruebas.

Los abogados de Ortiz señalaron que la Fiscalía no había entregado toda la documentación necesaria, lo que obstaculizaba el ejercicio de su derecho a una defensa adecuada. Según se indicó, varios interrogatorios fueron presentados únicamente en texto, sin los audios correspondientes, y las transcripciones tenían inconsistencias que dificultaban la interpretación precisa de las declaraciones.

Los cargos

Sandra Ortiz enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. Según la Fiscalía General, la exconsejera habría facilitado la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name con el objetivo de sobornarlo y asegurar su apoyo a las reformas del Gobierno en el Congreso. Este monto, según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue transportado en efectivo hasta un apartamento del senador ubicado en el norte de Bogotá.

Evidencias presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento con pruebas que incluyen:

• Chats en WhatsApp: En estas conversaciones con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, se utilizaba un lenguaje cifrado para organizar la entrega del dinero.
• Manipulación de mensajes: Se acusó a Ortiz de haber eliminado y modificado mensajes relevantes, lo que constituye un intento de obstruir la justicia.
• Registros de GPS y testimonios: Los datos sitúan a Ortiz el 12 de octubre de 2023 en un edificio donde presuntamente entregó 1.500 millones de pesos. Escoltas y testigos también confirmaron estos movimientos.
• Videos de vigilancia: La Fiscalía presentó imágenes que muestran a Ortiz ingresando al Palacio de Nariño para reuniones clave relacionadas con los hechos investigados.

La fiscal delegada resaltó que Sandra Ortiz representa un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial mediante la destrucción de pruebas. Además, destacó que la gravedad de los delitos imputados excluye la posibilidad de medidas como detención domiciliaria o libertad condicional.

En su intervención, la fiscal señaló: “Usar el lenguaje cifrado como ‘pendiente de las 11 de la mañana’, no es otra cosa que querer mantener oculto e impedir la producción del medio de conocimiento, pues qué mejor evidencia que aquella donde se inmortaliza la materialidad de la conducta y la responsabilidad del sujeto activo de la misma”. También mencionó que se han encontrado indicios de que la red criminal, de la cual la exfuncionaria haría parte, continúa activa y podría estar destruyendo información clave.

El escándalo de corrupción en la UNGRD

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, altos funcionarios de la entidad, entre ellos Olmedo López, habrían ordenado la adjudicación irregular de contratos por 60.000 millones de pesos a cambio de beneficios económicos para congresistas, incluyendo 10.000 millones para Andrés Calle.

Ortiz, quien no aceptó los cargos, ha sido señalada como una de las principales intermediarias de estos sobornos. La fiscalía advirtió que los actos de corrupción cometidos por esta red no solo desviaron millonarios recursos públicos, sino que comprometen la confianza en las instituciones del Estado.