La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 63 meses de prisión para los exfuncionarios César Mauricio Velásquez, quien fue secretario de prensa de la Presidencia de Álvaro Uribe, y Edmundo del Castillo, quien ocupó el cargo de secretario jurídico de la Presidencia.
Ambos fueron hallados culpables del delito de concierto para delinquir por su participación activa en el escándalo de espionaje ilegal conocido como las ‘chuzadas’ del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realizado entre 2007 y 2008.
Este espionaje, que formó parte de una operación clandestina llamada el "proyecto escalera", fue orquestado para interferir con la independencia judicial de la Corte Suprema de Justicia y desacreditarla, mientras esta llevaba a cabo una de sus investigaciones más sensibles de la época: la parapolítica.
En ese contexto, se presume que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe buscaba intimidar a magistrados de la Corte y desacreditar las investigaciones que apuntaban a altos funcionarios políticos vinculados al paramilitarismo. En particular, la entidad investigaba los testimonios de la excongresista Yidis Medina, quien había denunciado las coimas que habrían sido entregadas para lograr la reelección presidencial.
La investigación reveló que Velásquez y del Castillo no solo estaban al tanto de las operaciones ilegales, sino que participaron activamente en ellas. Reuniones secretas en la Casa de Nariño fueron documentadas, donde se coordinaban los pasos del espionaje. Los micrófonos fueron colocados en las oficinas de los magistrados y, según las evidencias, se utilizó a personal del DAS, como aseadoras del alto tribunal, para obtener información confidencial de manera ilícita. Esta maniobra buscaba obtener detalles estratégicos de las investigaciones, sin ningún tipo de respaldo legal.
El fallo, que fue inicialmente emitido en septiembre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá, se encontraba en riesgo de prescripción debido al tiempo transcurrido desde los hechos. En ese momento, Velásquez y del Castillo habían sido absueltos en primera instancia, pero la sentencia fue apelada, lo que finalmente llevó al caso a la Corte Suprema. A pesar de los esfuerzos de la defensa por argumentar que el caso estaba prescrito, el Alto Tribunal rechazó esa solicitud, confirmando que los delitos cometidos por los exfuncionarios del gobierno Uribe aún estaban dentro del marco legal para su juzgamiento.
El uso de recursos legales para dilatar el proceso judicial fue una constante a lo largo de este caso, lo que generó múltiples retrasos. Velásquez, quien se encuentra actualmente en Roma, bajo la protección del Opus Dei, podría enfrentar una orden de extradición, ya que, según la Corte, deberá cumplir la condena en prisión. Por su parte, Edmundo del Castillo permanece cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria.
Este caso, conocido como el “Caso Paseo”, es uno de los más emblemáticos del escándalo de las chuzadas del DAS, que representó una grave violación de los derechos humanos y de la privacidad de los colombianos. La filtración de información confidencial, la interferencia en procesos judiciales y el uso indebido de los recursos del Estado para fines políticos fueron las principales características de este episodio oscuro en la historia reciente de Colombia.
El fallo también ha dejado al descubierto los grandes cuestionamientos hacia la utilización de organismos de inteligencia del Estado para fines políticos y para intimidar a la oposición. A lo largo del proceso, se destacó la impunidad de otros funcionarios que participaron en las maniobras, como Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria, quienes también estuvieron involucrados en las reuniones de la Casa de Nariño, pero nunca fueron llamados a juicio.