El atentado cometido el pasado fin de semana contra Francia Márquez se suma a larga lista de víctimas de este delito

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En los crímenes contra los líderes sociales “no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”, reiteró el fiscal Néstor Humberto Martínez, aclarando que puede hablarse de una “sistematicidad pasiva, desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas”.

Algunos observadores, anotó Martínez, se refieren a que “hay sistematicidad activa, desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”.

462 homicidios

Según la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2019 han sido asesinados en el país 462 líderes sociales.

Las cifras sobre el asesinato de líderes sociales no están consolidadas. Mientras la cifra de la Defensoría se eleva por encima de las 400 personas, el delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, aseguró que “desde el 1 de enero de 2016 a la fecha hay un seguimiento especial. Naciones Unidas en estos 40 meses nos ha entregado el reporte de 274 homicidios que nos dice son de líderes defensores de derechos humanos. Y cuando miramos la estadística de todas las fuentes tenemos un resultado de 506 homicidios. De los 274 casos reportados por la ONU, ya la Fiscalía tiene un principio de esclarecimiento sobre 157 de esos casos el 57,3% de los mismos corresponde a miembros de juntas de acción comunal, líderes comunales, líderes campesinos indígenas y otros tipos de liderazgo. Ya fueron capturados 244 responsables de esos 157 homicidios. 68 de ellos siguen con orden de captura”.

En ese sentido, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas aseguró, a finales del año pasado, que “en las áreas rurales, donde la ausencia del Estado se junta con una numerosa presencia de grupos armados organizados e ilegales, los defensores y defensoras son un blanco fácil para quienes ven en ellos y en su agenda de derechos humanos un obstáculo para sus intereses”.

¿Qué es un líder social?

Pero para dar cuenta del fenómeno es necesario conocer la definición que manejan las autoridades sobre qué es un líder social. Según la directiva 002 del 14 de junio de 2017 suscrita por el procurador Fernando Carrillo, los líderes sociales son “los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

De igual forma, la entidad deja claro que el criterio identificador de quién debe considerarse como defensor es la actividad desarrollada y “no otros factores como recibir remuneración por su labor o pertenecer a una organización civil”.

A su turno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura que un defensor es “aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define a los defensores como “personas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional”.

Alto riesgo

Según lo expuso la Defensoría en la alerta temprana 026 de 2018, “la violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos se inscribe en un escenario de riesgo de alcance nacional que tiene expresiones particulares a nivel territorial”.

Los rasgos con los que la entidad define la violencia contra los líderes sociales son “la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc; la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales, y conculcan los derechos de la población civil; y, los avances en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante acuerdo final”.

De hecho, ayer, el delegado González aseguró que “el 57% de los responsables corresponde a organizaciones criminales. 23 de esos casos son responsabilidad de estas nuevas organizaciones que están apareciendo en las regiones, conocidas como los GAOR (Grupos Armados Residuales del Proceso de Paz), es decir, el Clan del Golfo, el Eln, Los Caparrapos y Los Pelusos (disidencia del Epl, desmovilizado en los 90) y hay un factor de organizaciones criminales locales que no tienen una presencia más allá del municipio o del territorio y se dedican al microtráfico o venta de droga que corresponde al 18% de los casos esclarecidos”.

Acciones del Estado

Ayer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que el Estado está garantizando la protección de los líderes sociales.

“En este momento hay 7.400 personas con esquemas de seguridad, de las cuales 4.500 son líderes sociales y cerca de 600 son sujetos de acciones de protección colectiva”, aseguró.

Así mismo, agradeció la acción valerosa de los miembros de la Unidad Nacional de Protección quienes, en el atentado de la líder y ambientalista Francia Márquez, evitaron una tragedia.

Gutiérrez manifestó que la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos es prioritaria para el Gobierno, por eso, se han diseñado varias estrategias “a través del Plan de Acción Oportuna, PAO, hemos realizado 23 visitas a territorio para revisar la situación de los líderes, se activó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se generó un programa de ‘Se Busca’ que identificó a 31 responsables de amenazas y homicidios contra líderes de las cuales ya hay ocho capturas. Adicionalmente, una Línea de Atención Directa a la Fiscalía que genera las investigaciones correspondientes, es decir, es toda una estrategia integral de defensa integral que convoca a la Defensoría, Fiscalía, Procuraduría y Fuerza Pública”.

De hecho, ya comenzó a regir la Ley 1908 de 2018 en la que se le dan herramientas a la Fiscalía para enfrentar las amenazas que cometen los Grupos Armados organizados contra los líderes sociales.