Aún no rinden fruto procesos a magistrados | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 7 de Noviembre de 2018
Redacción Política
Se abriría una nueva investigación a Jorge Pretelt por presunta exigencia de coimas, conducta por la que en otro caso ya está en juicio

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Cuando aún no termina el juicio que la Corte Suprema desde hace un año adelanta al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por supuestamente pedir coimas a la compañía Fidupetrol para favorecerla en una tutela, ayer la Fiscalía le compulsó copia a la Cámara para que investigue al jurista porque en un caso similar supuestamente benefició a la firma Recaudos y Tributos S. A. en una disputa que en 2012 la enfrentó a la Alcaldía de Santa Marta.

Como Pretelt hay varios casos de magistrados y exmagistrados de altos Tribunales investigados por la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia que están pendientes de una decisión a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que fueron vinculados a dos megaescándalos que estallaron en los dos últimos dos años dejando mal parada la credibilidad de la justicia.

Estos fueron las supuestas solicitudes de coimas en la Corte Constitucional para favorecer tutelas, por lo cual el exmagistrado Pretelt está encartado; y el llamado ‘Cartel de la Toga’ en la Corte Suprema, en donde habría operado entre 2013 y 2016 una red constituida por magistrados, exmagistrados y abogados para vender a cambio de altísimas sumas de dinero fallos favorables a congresistas y otros políticos.

Por el ‘Cartel de la Toga’ son investigados el suspendido magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo; así como los ex magistrados de este alto Tribunal, Francisco Ricaurte (privado de libertad), Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

No obstante, el trámite de estos procesos ha sido lento y engorroso por la multitud de recursos que han presentado las respectivas defensa en los casos de Tarquino y Ricaurte; mientras que la definición de la situación de Malo y Bustos en el Congreso todavía no se avizora, entendiendo que es un órgano de naturaleza política. Sin embargo, en el caso del primero de estos juristas la Cámara ya lo acusó ante el Senado.

Pretelt

Como se dijo, la Fiscalía compulsó ayer copias a la Comisión de Acusación de la Cámara porque, producto de la investigación por corrupción al grupo español Inassa, encontró que su filial Recaudos y Tributos S. A. habría sido favorecida en la revisión de una tutela en la Corte durante la disputa jurídica que sostenía con la Alcaldía de Santa Marta por el recaudo de los impuestos.

La Fiscalía dijo que las pesquisas indican "el presunto pago de una elevada suma de dinero al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt a cambio de favorecer los intereses de la firma Recaudos y Tributos S. A. en el trámite de revisión de un fallo de tutela".

Entre 2015 y 2016 el Congreso investigó a Pretelt porque supuestamente pidió $500 millones a Fidupetrol para beneficiarla en una tutela. Tras ser acusado por la Cámara por el delito de concusión, el Senado asumió el caso y también lo encontró responsable, enviando su expediente a la Corte Suprema, en donde en abril pasado finalizó el juicio pero sigue pendiente el fallo condenatorio o absolutorio.

Malo

El megaescándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el 17 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsaría copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios.

El actual magistrado Malo fue mencionado en esas grabaciones como supuesta ficha del ‘Cartel de la Toga’, por lo que fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara, que lo acusó ante el Senado en mayo pasado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva.

No obstante, de esa fecha a hoy el Senado no le ha dado trámite a esta acusación, al punto que el pasado 26 de septiembre la Corte Suprema pidió definir la situación de Malo.

Ayer se conoció que en el Senado fue designada una comisión de instrucción que estudiará el escrito de acusación que presentó la Cámara, con el fin de recomendar a la plenaria si acoge o archiva el proceso.

Ricaurte

En marzo pasado la Fiscalía acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.

La Fiscalía advirtió que Ricaurte, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

Ricaurte está privado de libertad desde 2017 y en septiembre pasado un juez concedió la solicitud de la Fiscalía de prorrogar su medida de aseguramiento en centro carcelario.

En agosto pasado se dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio contra el exmagistrado.

Bustos

La Comisión de Acusación de la Cámara investiga desde agosto de 2017 al exmagistrado Leónidas Bustos por su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga, no obstante, a diferencia del caso Malo su proceso se ha dilatado por varias recusaciones que ha presentado contra los representantes investigadores.

El último recurso, de reposición, que impetró es del pasado 22 de mayo, pero sobre el mismo no se ha pronunciado la Comisión de Acusación de la Cámara.

Tarquino

En abril pasado el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, rindió interrogatorio ante la Fiscalía por su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga’. Empero de esa fecha a hoy no se ha producido una decisión de si lo vincula a la investigación o archiva el proceso por falta de pruebas.

Tarquino es señalado por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, de pedirle $20.000 millones para que saliera limpio en las investigaciones por el robo a este departamento.