La Sociedad de Activos Especiales aseguró que hay que tener cuidado con la cifra entregada antier por la Fiscalía General de la Nación

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El miércoles la Fiscalía General de la Nación sostuvo que en una “histórica y multimillonaria operación de extinción de dominio a bienes del denominado Clan Herrera” se ocuparon 576 bienes “avaluados en $5,6 billones”.

Sin embargo, el vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles, de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila, le aseguró a EL NUEVO SIGLO que no se puede hablar a la ligera de esa cifra para no crear falsas expectativas.

En el operativo fue capturado William Herrera López, alias ‘W’, sobrino del extinto narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, quien tenía una millonaria fortuna que se había dejado a nombre de presuntos testaferros en todo el país.

Ávila explicó que “la Fiscalía, cuando nos convoca a una diligencia de secuestro, nosotros solo informamos los bienes materializados. Lo que recibimos con un acta de secuestro fue la materialización de 494 inmuebles de los 582 enunciados. Es decir, hay 88 que no se recibieron por parte de la SAE”.

Según el funcionario, “en relación con el valor tenemos que guardar mucho cuidado frente a las expectativas que se generan, porque nos entregaron seis sociedades inmobiliarias que funcionan con recursos de origen ilícito y en muchas ocasiones tienen una caja que hace que tengan balances positivos, pero cuando hacemos un diagnóstico encontramos los recursos legales son pocos, entonces el valor patrimonial de estas sociedades se baja, porque resultan más los pasivos que los activos. En relación de los inmuebles, nosotros no podemos dar un valor porque no tenemos los valores catastrales de los inmuebles. Esa información se tendrá en un mes y cuando se tenga el diagnóstico. En ese momento podemos entrar a decir cuál es el valor de la diligencia”.

Así mismo, indicó que a esto hay que sumarle “que nosotros recibimos en Cerrito, Valle del Cauca, 123 inmuebles que conforman un conjunto residencial que todavía no tiene el régimen de propiedad horizontal y dentro de los folios de matrícula tienen las áreas comunes, las vías, lo que nos obliga a nosotros a hacer el saneamiento catastral y entrar a valorar”.

Ávila precisó que la SAE no sabe de dónde sale la cifra, “porque no tenemos la información catastral de los bienes. Creemos que esta cifra puede salir de unas estimaciones que hacen los peritos de la Fiscalía y la Policía, pero es importante llamar la atención que solo cuando tengamos los avalúos catastrales y comerciales podemos tener certeza de cuánto valen los inmuebles y las sociedades. Hablar de $5 billones es una cifra importante, pero quiero decir que el inventario que tenemos actualmente en la SAE son 24 mil bienes cuyo valor es de $7 billones. ¿494 bienes avaluados en $5 billones? Lo ponemos en duda. Entonces hay que ser juiciosos en no crear unas expectativas tan grandes”.

Además, aclaró que luego del operativo, “en principio el país no tiene $5 billones más. Nuestra metodología indica que nosotros recibimos los activos, hacemos un diagnóstico. Lo primero que reportamos es el valor catastral de los activos y el balance catastral de las sociedades. Con eso damos un primer estimado de valor. Luego de eso alistamos los activos para comercialización y hacemos un avalúo. Solo una vez tengamos esos datos anunciamos los valores, porque de lo contrario sería generar expectativas muy altas que no tienen un análisis técnico”.

Recursos de la SAE

Según cifras de la SAE, en este momento tienen 24.000 inmuebles repartidos en todo el territorio nacional, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Córdoba. “De ese inventario, la gran mayoría de los activos está en proceso de extinción de dominio, una cifra cercana al 87% del inventario. El 13% restante está extinto, pero con la ley de enajenación temprana de 2017 hemos habilitado más de 7.000 inmuebles en proceso para enajenación temprana”, dijo Ávila.

El funcionario aclaró que la SAE no solo vende lo que está extinto de dominio, por decisión de un juez, sino lo que está en proceso, siempre que se cumplan las condiciones que prevé la ley. “En este momento tenemos publicados para la venta más de tres mil activos avaluados en $1 billón, en donde tenemos más activos en proceso que los extintos porque de estos solo tenemos mil”, sostuvo.

Problemas de la extinción de dominio

El vocero de la SAE en este tema aseguró que en la actualidad los procesos de extinción de dominio toman mucho tiempo.

“Tenemos un promedio de que un proceso en Colombia dura mínimo ocho años y tenemos procesos, de bienes de narcotraficantes reconocidos que han tomado más de 30 años en definirse. Esto se debe a que hacen falta más fiscales y más jueces que puedan agilizar el proceso, porque el hecho de que no podamos tener una sentencia en unos términos razonables hace que nos veamos abocados a administrar por mucho tiempo los activos. Y cuando uno administra durante mucho tiempo esto, genera unos riesgos asociados a la obsolescencia de los bienes”, explicó Ávila.

En ese sentido, el director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, sostuvo que “la SAE funciona muy bien, es un ejemplo, pero creo que tenemos muy poquitos jueces de extinción de dominio. La Fiscalía hace su  trabajo y desafortunadamente en la fase de los jueces hay mucha demora. Yo creo que lo que se necesita es la creación de muchísimos más jueces y más presencia, porque no todas las ciudades tienen jueces de extinción de dominio, entonces Bogotá tiene procesos de toda la geografía nacional. Si se quiere fortalecer esa, figura tiene que aumentarse el número de jueces”.

Bernate agregó que uno de los problemas de la SAE para monetizar los bienes producto del narcotráfico es que “las cosas que se venden en la enajenación temprana por un avalúo comercial. Son bienes suntuosos y en muchos casos las personas no quieren comprar un bien porque perteneció a un criminal, o las cosas no son fáciles de vender o no tienen un mercado. Yo creo que la enajenación temprana es muy valiosa y la SAE funciona muy bien donde hay cosas que se pueden mejorar, pero que en general vamos por el camino correcto”.

Cabe anotar que los bienes incautados y monetizados van para el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que administra la SAE. Una vez se realiza el proceso, los recursos pasan al fondo y desde ahí se distribuyen en temas como fortalecimiento de la Fiscalía, la Rama Judicial, la Policía y el Gobierno nacional.

El presidente Iván Duque aseguró a principios de esta semana que la lucha contra el lavado de activos “tiene que ser, cada vez más, articulada entre las agencias” y añadió que “tenemos que trabajar de la mano para que eso sea ‘express’, porque en la medida en que nosotros podamos extinguir de dominio rápidamente los bienes del narcotráfico, de la corrupción y del crimen, yo creo que nosotros nos fortalecemos institucionalmente”.