La Fiscalía reportó este lunes que ha emitido 162 órdenes de captura de presuntos responsables de asesinatos de excombatientes de la guerrilla de las Farc. De ellas se han hecho efectivas 52 y otras 110 están proceso.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y otras autoridades se reunieron este lunes en Casa de Nariño para hacer seguimiento a las medias para reforzar la seguridad de excombatientes de las Farc.

El gobierno puso en marcha el Centro Integrado de Información para analizar la totalidad de amenazas hechas contra los excombatientes, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional y con la participación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las Consejerías Presidenciales para la Estabilización y de Seguridad, la Fiscalía General, la Oficina del Comisionado de paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

“Esta coordinación entre las instituciones nos permite darle celeridad a la ejecución de órdenes de captura pendientes por homicidios de excombatientes, avanzar en la coordinación del acompañamiento para acceder oportunamente a las escenas de crimen y definir los perfiles de los excombatientes expuestos a un mayor riesgo”, dijo Archila.

El alto funcionario además afirmó que el grupo especial de 25 investigadores del Cuerpo Élite de la Policía Nacional ya está trabajando dedicados exclusivamente a la investigación y esclarecimiento de los homicidios en contra excombatientes. Además, la Fiscalía reforzó la Unidad Especial de Investigación con ochos fiscales que asignó a Nariño, Antioquia y Cauca, dos fiscales cada uno, y a Caquetá y Norte Santander un fiscal cada uno.

El gobierno anunció la Unidad de Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General harán una alianza para hacer un más efectivo seguimiento a las amenazas contra los excombatientes. Así mismo la UNP ya aplicó medidas para asegurar la coordinación entre los esquemas de protección de excombatientes y la policía para atender los desplazamientos de estos en zonas de mayor riesgo.

Finalmente, el Gobierno insistió en que es necesario que para los municipios en los que se den alertas tempranas sobre riesgos y amenazas contra excombatientes Farc, los alcaldes implementen medidas como la prohibición de parrillero en las motos y jornadas de desarme.