La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Leticia, Amazonas, Jorge Luis Mendoza Muñoz, así como a otros tres exfuncionarios y dos interventores de obras, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la construcción del muelle fluvial de pasajeros de la ciudad, con un presupuesto total de 12 mil 600 millones de pesos. 

Los otros afectados por el pliego de cargos son el exalcalde de la ciudad, José Huber Araújo Nieto (2016 - 2019); los exsecretarios de Planeación e Infraestructura y a su vez supervisores de la interventoría de los trabajos, Argemiro Perdomo Santos (2018 – 2019) y Víctor Julio Segura Ruiz (2020 – 2021); y Jonathan Alejandro Camargo Ávila y Rodrigo José Piedrahita Amín, quienes ejercieron como interventores a través del consorcio Interfluvial.

Al parecer, el contrato habría sido firmado sin contar con los estudios previos, diseños y planos suficientes y adecuados, pues los que sirvieron de base para el proceso de selección aparentemente presentaban deficiencias técnicas, pues no contemplaron la demolición de una estructura de escaleras y una rampa en concreto ubicadas en uno de los puntos donde se desarrollaría el proyecto.

Además, no tendrían un diseño estructural detallado para el acceso y salida de personas en situación de discapacidad física, así como tampoco se incluyó el desmonte de 13 viviendas ubicadas en el sector denominado ‘La Isla de la Fantasía’ y la reubicación de sus habitantes.

Esa situación habría generado retardos en la ejecución de los trabajos, como consecuencia de las suspensiones decretadas mientras se ajustaban los estudios y diseños iniciales, por lo que posiblemente se vulneraron los principios de economía y planeación pues “en la ejecución contractual no hubo austeridad de tiempo, medios y gastos” precisó la Procuraduría.

Falta de vigilancia y control

En el caso del actual alcalde de la ciudad, al parecer no ejerció una adecuada vigilancia y control sobre la ejecución tanto de las obras como de la interventoría, esta última firmada por mil 71 millones de pesos, pues no se amortizó de manera oportuna y correcta el anticipo del 50 % entregado al contratista, ni se cumplió el cronograma de trabajo pactado para la ejecución del proyecto.

El Ministerio Público precisó que Mendoza Muñoz aparentemente “fue negligente, descuidado y no adelantó ninguna actuación administrativa contra los contratistas, a pesar de que la Contraloría lo previno sobre los efectos negativos para que se ejecutara el proyecto, lo que generó un hallazgo fiscal por más de seis mil 262 millones de pesos, que corresponde al valor pagado como anticipo con recursos del Sistema General de Regalías”.

En cuanto Camargo Ávila y Piedrahita Amín, al parecer incurrieron en una omisión en sus funciones, pues antes de la firma del acta de inicio no habrían verificado que se contara con la totalidad de los planos y diseños. Además, no habrían velado por el estricto cumplimiento del programa de trabajo.  

Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta del alcalde Jorge Luis Mendoza Muñoz, así como de los exfuncionarios José Huber Araújo Nieto, Víctor Julio Segura Ruiz y Argemiro Perdomo Santos como una falta gravísima cometida con culpa gravísima. Este último fue afectado por dos cargos disciplinarios.

Finalmente, la Procuraduría calificó la aparente actuación de los interventores Jonathan Alejandro Camargo Ávila y Rodrigo José Piedrahita Amín como una falta gravísima cometida con dolo.