En la audiencia, el alto tribunal aprobó el preacuerdo de la Fiscalía con el exgobernador de Córdoba por aceptar el delito de concierto para delinquir.
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Por su participación en los hechos de corrupción en el departamento de Córdoba en su mandato como gobernador, Alejandro Lyons pagaría cinco años y tres meses de prisión. Así se desprende de la decisión ayer de la Corte Suprema de Justicia que avaló el preacuerdo que éste obtuvo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando el delito de concierto para delinquir a cambio de servir como testigo en este sonado caso.
Lyons deberá devolver 4.000 millones de pesos debido al principio de oportunidad que también le dio la Fiscalía y el cual le suspende la acción penal por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Además se comprometió a ser un testigo clave en el caso del escándalo de corrupción de la Corte Suprema en el que están involucrados varios congresistas y magistrados, algunos con medida de aseguramiento en un centro carcelario.
“La Sala de manera unánime señala que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos, observa que no se desconocen garantías fundamentales de los intervinientes, razón por la cual le imparte aprobación al preacuerdo. Queda claro que el señor Alejandro Lyons Muskus acepta su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado (...) por lo que se le impondrá la pena de cinco años, tres meses y un día de prisión", señaló el magistrado ponente Fernando Castro.
Lyons participó en la audiencia vía teleconferencia desde los Estados Unidos, a donde huyó para escapar de la justicia una vez que empezó la investigación en Córdoba por los recursos que se perdieron desde la administración departamental, especialmente en el sector salud a través del llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y terapias a pacientes que en la mayoría de los casos eran inexistentes.
La Fiscalía espera que una vez termine la colaboración de Lyons con la justicia de Estados Unidos, regrese al país a pagar la condena de cinco años por la corrupción en Córdoba.