Esta jurisdicción especial decidió avocar el conocimiento del caso, a pesar de que para el Ejecutivo su competencia se activaría una vez que EU formalice la petición para que el dirigente de Farc sea enviado para responder por presuntamente conspirar para el tráfico de drogas

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La primera gran controversia entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se presentó por la decisión de ésta de avocar conocimiento y ordenar suspender el trámite de extradición del desmovilizado de las Farc, Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich).

Los ministros de Justicia y el Interior señalaron que esta decisión corresponde a los protocolos que la misma fijó de manera autónoma, por lo que instaron al Congreso de la República a darle trámite urgente al proyecto de ley que fija las  reglas de procedimiento de esta instancia, nacida del Acuerdo de Paz para aplicar justicia por los delitos graves que se cometieron en el conflicto.

Santrich fue capturado a principios de abril pasado por la Fiscalía con base en pruebas e información que le entregó la DEA, según la cual planeaba con el cartel mexicano de Sinaloa el envío de diez toneladas de cocaína a EU, valoradas en el mercado en más de 320 millones de dólares.

Este hecho provocó un cimbronazo en la implementación del Acuerdo de Paz porque el partido Farc, en boca de sus principales dirigentes, como Rodrigo Londoño (Timochenko) y Luciano Marín (Iván Márquez), además de considerar que se trata de un falso positivo judicial, señaló que es una violación a lo pactado en La Habana, porque la competente para asumir esta investigación es la JEP.

No obstante, el fiscal general Néstor Martínez aseguró que el delito que presuntamente cometió Santrich fue después de la firma del Acuerdo de Paz (el 1° de diciembre de 2016), por lo que pierde los beneficios del sistema de justicia transicional y queda en manos de la justicia ordinaria, incluso expuesto a la extradición.

Sobre el particular, el presidente Santos reaccionó a la captura de Santrich diciendo que el Acuerdo es claro en que los desmovilizados de las Farc que reincidan en el delito pierden todos los beneficios. Advirtió en esa oportunidad  que de comprobarse que en este caso fue así, no le temblará la mano para extraditarlo.

 

La decisión

 

La JEP indicó ayer en un comunicado que “la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz en decisión unánime adoptada en sesión del 16 de mayo de 2018, dentro del asunto relativo a la petición presentada por Seuxis Paucias Hernández Solarte, a través de apoderado, resolvió avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición contenida en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo No. 001 de 2017”. Añade que “como consecuencia de lo anterior, disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los EU de  América”.

De igual forma la JEP determinó correr traslado por el término de diez días para que los intervinientes soliciten las pruebas que consideren necesarias, y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que una vez reciba la solicitud formal de extradición, remita copia de la misma de manera inmediata ante la Sección para lo de su competencia.

La JEP advirtió en el comunicado que “no encontró elementos de juicio suficientes para pronunciarse, por ahora, en torno a la petición de nulidad de la medida de aseguramiento, elevada por Seuxis Paucias Hernández Solarte, motivo por el cual dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación para que en un término que no supere los cinco días, allegue la información solicitada por la Sección en auto del pasado 19 de abril de 2018 relativa al trámite de extradición y la privación de la libertad ligada con ella”.

Finalmente la JEP precisa que la determinación adoptada estuvo precedida del acopio de información y documentación que fuera solicitada a los entes gubernamentales y judiciales que han intervenido en los trámites relativos a la extradición “de Seuxis Paucias Hernández Solarte, a través del auto del 19 de abril pasado con el que la Sección decidió dar inicio a una fase previa que tenía como propósito establecer la existencia de un trámite de extradición y la acreditación del factor personal de competencia del citado, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017.

 

Gobierno replica

 

Con relación a la decisión de la JEP, el Gobierno nacional señaló ayer que “reitera su respeto por las decisiones judiciales”; sin embargo, puso de presente en un comunicado que firmaron los ministros de Justicia, Enrique Gil, y del Interior, Guillermo Rivera, que “sobre la competencia de la JEP haciendo una lectura del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017, la competencia de ésta se activa una vez exista una solicitud de extradición, de conformidad con el procedimiento penal vigente”.

No obstante, el Gobierno hace hincapié en la comunicación de que la solicitud de extradición de Santrich “aún no ha sido formalizada por las autoridades competentes”.

Agregan los ministros del Interior y de Justicia que “el citado artículo 19 señala que dicha competencia se circunscribe a determinar la fecha de ocurrencia de las conductas por las cuales hay una solicitud de extradición”.

Deja en claro el comunicado que “el Gobierno nacional señala que la decisión de la JEP está fundamentada, entre otros, en los protocolos que ella misma se dictó”.

 

Por ello, el Gobierno urgió al “Congreso de la República a darle trámite con la mayor urgencia al proyecto que fija las reglas de procedimiento de la JEP, aplicable a este tipo de cuestiones, cuyo texto se encuentra a consideración de las comisiones primeras de Senado y Cámara”.

 

Reacciones de candidatos

Los candidatos presidenciales se pronunciaron por la decisión de la JEP.

 

Vargas

 

"La JEP no tiene competencia para dilatar el proceso, solo para verificar las fechas en las que se cometieron los delitos. 'Santrich' tiene que responder, como cualquier otro colombiano, ante la justicia ordinaria y extranjera".

 

Duque

“Eso se veía venir. Yo espero que esta decisión no haya sido para darle una protección adicional a un criminal”.

 

De la Calle

“Es lo que dice la ley, hay que revisar primero la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan a ‘Santrich’ y eso le corresponde a la JEP…es obvio que mientras no se haga esa verificación, no procede a una extradición. Eso no significa que se haya negado la extradición, sino que se está cumpliendo el procedimiento que yo mismo había señalado”.

 

Fajardo

“Aquí hay un acuerdo que se tiene que respetar y la JEP tiene una responsabilidad muy grande para determinar si esto fue antes o después del acuerdo. Está dentro de sus atribuciones”.

 

Gustavo Petro aún no se ha manifestado al respecto.