La representante a la Cámara por la curul de paz en Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, acudió a la diligencia de indagatoria citada por la Corte Suprema de Justicia, y optó por guardar silencio en el marco de la investigación sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD).
El abogado defensor de la congresista, Andrés Garzón, explicó a los medios que la decisión de su clienta de no declarar fue motivada por la negativa de la Sala de Instrucción de suspender la diligencia, a pesar de que se había solicitado un aplazamiento para poder conocer con mayor profundidad los detalles de las acusaciones en su contra.
“El día de hoy estuvimos aquí en la Sala de Instrucción y, simplemente, quiero decirles que mi defensor es quien va a dar parte al respecto”, comentó brevemente Manrique al salir de la diligencia, en la que se encontraba junto a su abogado.
Garzón detalló que la congresista decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio hasta no conocer con certeza las imputaciones que se le están formulando. En este sentido, señaló que se le había solicitado a la Corte Suprema que se suspendiera la diligencia hasta que pudieran tener acceso a los elementos completos de la investigación, lo cual no ocurrió. “Se hizo uso del derecho a guardar silencio hasta tanto no conozca verdaderamente cuáles son las indicaciones que se le hacen”, explicó Garzón.
El abogado también aclaró que, hasta el momento, no existe ningún contrato relacionado con la presunta trama de corrupción en la UNGRD, y que no se ha desembolsado ni un solo peso de los recursos públicos que se mencionan en el expediente. “No hubo ningún contrato, no se desembolsó un solo peso y la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley”, subrayó Garzón, enfatizando que su defendida no cometió ningún tipo de delito.
La investigación
El caso en el que está involucrada Manrique hace parte de una investigación que involucra a varios congresistas y exfuncionarios públicos, todos ellos investigados por presuntamente haber aceptado dádivas a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público solicitadas por el Ministerio de Hacienda. Según los señalamientos, estos congresistas habrían facilitado la aprobación de dichos créditos a cambio de contratos dirigidos a varios municipios a través de la UNGRD, lo que habría permitido la desviación de recursos públicos.
En el caso de Karen Manrique, su nombre fue mencionado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien la señala de haber sido la encargada de escribir los nombres de los municipios que se beneficiarían de los presuntos contratos por un total de 92 mil millones de pesos. Los municipios mencionados en el expediente son Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
El exdirector de la UNGRD también manifestó que Manrique, en calidad de delegada de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), coordinó una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las que se habrían abordado los temas relacionados con los contratos de la UNGRD. Según López, en esas reuniones Manrique habría desempeñado un rol de vocería para los congresistas implicados, coordinando la gestión de los contratos con la UNGRD.
De acuerdo con los testimonios que reposan en el expediente, la representante Manrique habría estado presente en al menos una reunión en el Ministerio de Hacienda el 4 de diciembre de 2023, donde se discutieron las condiciones para la aprobación de los créditos y el destino de los contratos. Además, la defensa de la congresista asegura que aún no se conocen las imputaciones de manera detallada, lo que justificó su decisión de guardar silencio hasta que se tengan claras todas las acusaciones que se le hacen.