La defensa del canciller Álvaro Leyva, a cargo del experimentado abogado Mauricio Dueñas, presentó una detallada argumentación para solicitar el cierre y archivo de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría.

La polémica gira en torno a presuntas irregularidades en el contrato de expedición de pasaportes, donde el abogado destaca la falta de competencia del organismo para evaluar ciertos aspectos cruciales.

En un documento de 44 páginas, Dueñas destaca la supuesta falta de competencia de la Procuraduría para pronunciarse sobre la legalidad del proceso contractual. Según el abogado, la Procuraduría puede indagar el posible incumplimiento de deberes funcionales, pero carece de jurisdicción sobre aspectos como la suspensión de un proceso contractual, la declaratoria de desierta de una licitación o la urgencia manifiesta, los cuales están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Citando el documento presentado, Dueñas argumenta: "Si bien es claro que tiene competencia para indagar el posible incumplimiento de deberes funcionales, no puede en esta instancia pronunciarse sobre la validez de las actuaciones de la administración". Además, defiende la decisión de Leyva de suspender el proceso contractual, argumentando que tenía la potestad y lo hizo de manera razonable para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo.

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La declaratoria de desierta de la licitación, según Dueñas, obedeció a la necesidad de garantizar la plena vigencia de la Constitución y la ley, para proteger los principios de la función administrativa y la contratación estatal. Asimismo, la declaratoria de urgencia manifiesta se justificó en la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos colombianos que salen o regresan al país.

Ante estas consideraciones, el abogado concluye solicitando la terminación y archivo del proceso disciplinario. La Procuraduría se encuentra actualmente evaluando esta solicitud, y se espera una decisión definitiva para finales de enero, según la procuradora general Margarita Cabello. Este caso sigue desarrollándose tras una conciliación fallida entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg, que buscaba evitar una demanda por más de 117.000 millones de pesos.