Tras confirmar el pasado lunes el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la apertura de una investigación sobre posibles interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, ayer entregó algunos detalles sobre el caso, aunque reconoció que por el momento no hay pruebas de su ocurrencia.

Este grave episodio demuestra que el fenómeno de las ‘chuzadas’ está más vivo que nunca y se suma a varios hechos de este tipo que se han registrado en los últimos años.

De igual manera el Jefe del ente acusador ordenó ayer abrir una investigación por las denuncias de supuestas interceptaciones a las comunicaciones de los integrantes del Tribunal de Arbitramento del caso Ruta del Sol II.

En cuanto al caso de la Corte Constitucional el fiscal Martínez dijo que “los analistas de la Fiscalía concluyeron que esto (interceptaciones) es con propósitos extorsivos”.

Añadió sobre el origen que tendrían estas ‘chuzadas’ que “hay unos indicios de una organización criminal que tiene un propósito de afectación de unas interceptaciones que tendrían el fin de desprestigiar a los magistrados. Nada que ver con el proceso de paz. Con el magistrado con el que me comuniqué le dije hasta que había una intención de una hechicería”.

Martínez reveló que desde el 7 de febrero pasado investigan la intención que tendrían dos personas, que eran interceptadas por las autoridades por un caso de corrupción, de chuzar a los magistrados de la Corte Constitucional.

Explicó que su finalidad sería el desprestigio de los magistrados con el fin de poder extorsionarlos para que los beneficiaran con una tutela que, al parecer, interpusieron entre el 7 y el 14 de febrero pasado.

No obstante, el fiscal Martínez dijo que saben que había interés de hacer esas interceptaciones, pero “la Fiscalía no tiene certeza de que se hayan hecho esas interceptaciones... pedimos ayuda a los magistrados para identificar qué tutela podría ser, pero a estas alturas no se ha podido identificar qué tutela es. Desde febrero le manifestamos a la Corte que nos mandara el listado de tutelas”.

El pasado lunes el Fiscal General envió una misiva a la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Stella Ortiz, en la que responde a la solicitud del alto Tribunal de información a la Fiscalía, Policía Nacional y Dirección Nacional de Inteligencia, sobre eventuales interceptaciones en la Corporación.

En la misiva, el fiscal Martínez Neira anunció que designó a Fabio Espitia Garzón como el fiscal que liderará la investigación sobre las ‘chuzadas’. Añadió que a esa indagación se sumarán “los audios recaudados por la Fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para lo cual pretendería acceder a sus comunicaciones privadas”.

El pasado lunes el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, explicó que están revisando si desde la Policía “hemos intervenido en un episodio especial” a algunos de los integrantes de la Corte. Añadió “tan pronto me enteré, cité a una reunión y dispuse que se verificara en todos los ámbitos de la Policía y principalmente a quienes manejan inteligencia e investigación criminal para saber si había investigación alguna en contra de los magistrados o si hemos intervenido en algún episodio especial que haya sido judicializado”.

Temores de la Corte

La Presidenta de la Corte dijo que “preocupados por las informaciones del Fiscal, que nos comentó que ya existen investigaciones desde enero (...) se dan cuenta que estarían interesados en saber nuestra vida privada”.

Agregó la magistrada Ortiz que las interceptaciones las estarían realizando “organizaciones criminales interesadas en trámites de una acción de tutela en la Corte Constitucional”.

Añadió que los magistrados en conversaciones informales previas habían manifestado sus sospechas sobre la existencia de ‘chuzadas’.

Señaló la togada que la Fiscalía les ha dicho informalmente que la organización criminal que podría estar comprometida con estos hechos es la que habría operado hace algunos años en la Corte Suprema por parte de magistrados, exmagistrados y abogados para manipular procesos, en lo que se ha llamado el ‘Cartel de la Toga’, del cual hacía parte el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por estos hechos y extraditado a Estados Unidos.

No obstante, la Magistrada dijo que “hicimos un barrido, Luis Gustavo Moreno presentó una tutela en el 2016 contra la Superintendencia de Vigilancia Privada, esa no fue seleccionada (...) a nombre de él no hay más tutelas registradas (...) Con relación al doctor José Leonidas Bustos tenemos el registro de tres acciones de tutela entre 2015 y 2018, esas tres tutelas no fueron seleccionadas, lo que significa que no fueron exitosas y no están archivadas”.

Destacó que no se puede señalar al ‘Cartel de la Toga’ porque hasta ahora “en honor a la verdad, es especulación”.  Añadió que la Fiscalía debe determinar cuál sería la tutela y el asunto que le interesa a la supuesta red criminal a cargo de estas interceptaciones.

Agregó que “conocemos la denuncia que hizo el doctor Ibáñez (integrante de un tribunal de arbitramento por el caso Odebrecht), pero no tenemos elementos de juicio para señalar que nuestro caso esté relacionado con Odebrecht. La Corte sí analiza en este momento un proceso relacionado, pero es una demanda de inconstitucionalidad y no de tutela como lo dijo el Fiscal”.

Los casos

En los últimos años el fenómeno de las interceptaciones ilegales se ha recrudecido en el país. Uno de los casos más graves se produjo durante el gobierno Uribe por las ‘chuzadas’ que operó el DAS a magistrados, periodistas y políticos de oposición.

Uno de los episodios más sonados fue el de la exdetective del DAS, Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, quien valiéndose de señoras de los tintos logró poner una grabadora bajo la mesa de la Corte Suprema.

Por estos estos hechos fueron condenados más de 20 funcionarios del DAS y del gobierno Uribe, entre ellos la que fue la directora de este organismo, María del Pilar Hurtado, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó 14 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública.

El entonces presidente Uribe negó que hubiera ordenado estas interceptaciones y la administración Santos liquidó el DAS.

También en plena negociación del gobierno Santos con las Farc en La Habana estalló el escándalo de interceptaciones a los negociadores y obtención de información de documentos de inteligencia para, supuestamente, desacreditar este proceso.

Por estos hechos fue capturado el ingeniero Andrés Sepúlveda, quien para la época trabajaba para la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga. El llamado hacker señaló a directivos del Centro Democrático de haberle solicitado hacer esta ‘chuzadas’, no obstante esto no fue demostrado.

Incluso en febrero pasado, el asesor espiritual de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, fue absuelto por estos hechos.

En septiembre pasado la Fiscalía puso al descubierto una organización criminal dedicada a vender interceptaciones ilegales al mejor postor, la cual operaba a través de empresas fachada en Cali y Bogotá, en tanto que el centro de operaciones funcionaba en Ipiales (Nariño). Por estos hechos hay varios imputados, entre ellos el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, y tres exuniformados más.