En Estados Unidos, 73 legisladores urgieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al gobierno de Donald Trump, a proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia de lo que llamaron “una escalada peligrosa de asesinatos selectivos”.
“Le pedimos que proteja a estos líderes nacionales y locales, a sus familias y comunidades y que garantice que estos ataques no socaven ni debiliten la implementación de los históricos acuerdos de paz de Colombia”, indicaron en una carta.
Los legisladores, todos del Partido Demócrata, minoría en el Congreso, destacaron que resolver esta crisis es “esencial” para la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos y Colombia.
“Instamos encarecidamente al Departamento de Estado y a la (agencia de desarrollo internacional) USAID a que brinden los recursos y el apoyo necesarios para que Colombia logre estos objetivos, incluido el presionar al actual gobierno colombiano y a su sucesor para que den prioridad a estas acciones”, señalan los firmantes de la misiva, encabezados por Jim McGovern, Eliot Engel, John Lewis y Norma Torres.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que entregará el poder el próximo agosto, suscribió en noviembre de 2016 un pacto que desarmó y transformó en partido político a la guerrilla Farc tras cinco décadas de conflicto armado, y busca cerrar un acuerdo similar con el Eln.
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Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los ataques contra defensores de los derechos humanos en Colombia aumentaron 35% el año pasado, con un total de 121 asesinatos.
La Defensoría del Pueblo de Colombia, en tanto, registró 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el país entre enero de 2016 y finales de febrero de 2018.
“Esto significa que un líder social colombiano es asesinado cada dos días y medio”, indicaron en su misiva los legisladores, entre los cuales hay 14 miembros de los principales comités de la Cámara de Representantes.
También recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó en marzo al gobierno colombiano a atender de manera “urgente” esta situación.