Un revuelo político se ha generado en razón del decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional. Para varios parlamentarios, existen aspectos en el documento que podrían complicar el camino para que el Congreso de la República que se reúne el próximo 27 de enero en torno a esta medida le dé el visto bueno.

Inicialmente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó: “En el marco de la intención constitucional de la conmoción interior por parte del Gobierno nacional, me corresponde citar al Congreso de la República dentro de los tres días siguientes a su expedición y en particular determinar el día y la hora para el Senado de la República. Por tal razón hemos convocado al Congreso de la República el próximo martes 28 de enero en plenaria de Senado a las 3:00 p.m. para la sesión extraordinaria especial”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó: “Vamos a analizar la convocatoria, los decretos, el informe que para esta medida presenta el Gobierno y ejerceremos control político. Sin embargo, la Cámara de Representantes tiene un plazo de 15 días hábiles para el pronunciamiento de fondo. Estamos en ese marco, cumpliendo con la Constitución Nacional, la ley, así como la facultad de control político del Congreso de la República”.

Seguidamente, la presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, señaló que desde el Partido Conservador reiteramos nuestra preocupación por la grave situación humanitaria que siguen viviendo los habitantes del Catatumbo, ocho días después de iniciarse la ola de violencia por parte del Eln, sin que esto tenga hoy en día una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional”.

No obstante, manifestó la congresista: “Expedido el decreto de conmoción interior por parte del Gobierno nacional, insistimos que esta crisis pudo ser evitada. Sin embargo, nuestra bancada hará un examen minucioso sobre este decreto y sobre todos los que se expidan como consecuencia de esta declaratoria, a fin de hacer las advertencias que sean necesarias para evitar cualquier abuso en el marco de esta excepción para garantizar los derechos humanos de la población. El país debe recuperar el flujo en materia de seguridad para garantizar a los colombianos, sin distinción, su integridad y tranquilidad en todo el territorio nacional”.

Otros sectores políticos advierten

En igual sentido, el senador José David Name, del Partido de la U, advirtió: “Más que una declaratoria de estado de conmoción, los colombianos de Norte de Santander necesitan que se les protejan su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, tal y como lo demanda la Constitución. Necesitan un Estado que responda con vigor y contundencia, que salvaguarde la soberanía de la región. Desde el Congreso de la República reiteramos nuestra solidaridad con las comunidades del Catatumbo víctimas recientes del terrorismo, rodeamos a las familias de quienes han caído en días pasados en el conflicto y a todos aquellos que hoy son afectados por la inclemente violencia”.

Del mismo modo, la congresista Norma Hurtado, integrante de la misma colectividad, explica que “el estado de conmoción interior es una medida excepcional que el presidente puede declarar para enfrentar graves alteraciones del orden público, que puede durar hasta 90 días, prorrogables con aprobación del  Senado de la República. Implica que el Gobierno puede suspender leyes incompatibles con el estado de excepción”.

Posteriormente agregó que “el Estado puede emitir decretos legislativos con fuerza de ley para conjurar la crisis e incluso tiene la responsabilidad y el deber de tomar medidas urgentes para devolver la tranquilidad al Catatumbo.  Ahora bien, es imprescindible que estas acciones respeten los principios democráticos del país y que se enmarquen exclusivamente en atender la crisis de violencia en esa región”.

A su turno, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa hizo un llamado sobre este aspecto: “Presidente, recuerde que las facultades que confieren los estados de excepción no son absolutas. Estaré atento a los motivos que sustenten el decreto de conmoción interior, al ejercicio de las facultades y ante una eventual extralimitación solicitaré a la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación que adelanten las medidas e investigaciones contra el presidente y los ministros, en virtud de los artículos 52 y 53 de la Ley 137 de 1994”. 

En este sentido, desde la dirección de esa colectividad se advirtió que “Colombia no puede tolerar un falso liderazgo que utilice las emergencias como excusa para imponer medidas arbitrarias o desviar la atención de su incapacidad para enfrentar las crisis nacionales. La democracia exige límites claros y no permitiremos que el Gobierno del 'cambio' se siga sobrepasando”. 

Ambiente para trámite del decreto en Cámara

En el sector de oposición, en el partido Alianza Verde, advierte la representante Katherine Miranda que “sin desconocer la gravedad de la situación en el Catatumbo, pero con la excusa de atender a esta región, el presidente Petro buscará aprobar con fuerza de ley propuestas que este Congreso ha negado. Según el presidente, la reforma tributaria  era la cura para todos los males del país, con 10 billones de pesos que va a solicitar. Aunque es riesgoso para el Gobierno, sí podrían decretar impuestos y revivir propuestas que fueron discutidas en la última reforma tributaria, como el IVA a los juegos de azar en línea. Estaríamos en manos de la Corte, que ya ha tumbado tributos en medio de este tipo de declaraciones de estado de excepción”.

Agregó: “Si la Corte tumba los impuestos para recoger recursos, habrá impactos macroecónomicos que afectarán el crecimiento de la economía. El gasto a lograr tendría que llevar la deuda a su límite, lo que presionaría la inflación. Los mercados no son bobos, saben que detrás de este hecho político se aumentará el gasto, cuyos niveles nos tienen en baja calificación para invertir por los niveles de deuda que tiene el país. Esto también conlleva a una caída inevitable de la inversión concentrando el crecimiento en el gasto e inversión pública, y ya sabemos que este gobierno no ejecuta". 

Luego la congresista señaló que “la dinámica económica vendrá desde el sector público, restando capacidad al sector privado para generar riqueza, esto enrarecerá el ambiente económico para la inversión nacional, generando mayor desconfianza cuando ese gasto se traduzca en deuda. Ojo con el tema contractual. El Gobierno buscara mediante decreto no acudir a procedimientos que garanticen el cumplimiento de los principios de la contratación estatal que señala la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13, con el propósito de garantizar el adecuado uso de los recursos. Las vigencias futuras serán un problema. El pago de las mismas está atrasado y afecta la ejecución de obras de infraestructura claves para la competitividad”.

Preocupación desde otros sectores

Líderes políticos del departamento de Arauca, en el cual hay alta presencia de subversivos del Eln, explicaron que en este territorio también se requiere de medidas administrativas provenientes del alto Gobierno como las que se van a tomar en Norte de Santander a fin de repeler el accionar delincuencial de esa guerrilla. La representantes Lina Garrido señaló:  “El mundo entero se debe enterar de que el departamento de Arauca es el mismo desde el cual se trasladaron las tropas armadas del grupo terrorista Eln hacia el Catatumbo para desatar la actual ola de terror, el mismo en el que estos grupos han asesinado más de mil personas en los últimos tres años”. 

La parlamentaria agregó: “el mismo que tiene el deshonroso primer lugar de secuestros en Colombia por parte de estas organizaciones criminales, es dejado por fuera del decreto de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro. Se confirma que el presidente Petro ha entregado como tributo al Eln y a Nicolás Maduro nuestro departamento. Una posición mezquina que le da la espalda totalmente a todos los araucanos”.