La sanción de destitución e inhabilidad por 18 años que le había impuesto la Procuraduría General en 2010 al exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, por su participación en las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue anulada por el Consejo de Estado.

El caso se relaciona con la información que solicitó el Secretario de la Presidencia al extinto Departamento Administrativo de Seguridad y la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la sanción impuesta por el Ministerio Público, Moreno no estaba habilitado para pedir información de Ascencio Reyes, el supuesto organizador de un evento dirigido a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2006.

El alto Tribunal de lo contencioso revisó el proceso, después que Moreno solicitara tumbar la sanción de la Procuraduría, y concluyó que “el exfuncionario sí estaba habilitado legalmente para obtener la información de inteligencia relacionada con el ciudadano Ascencio Reyes, pues se trataba de una actuación legalmente permitida al Departamento Administrativo de Presidencia de la República que el aquí demandante dirigía y de un cometido que le había sido asignado por el propio Presidente de la República”.

El Consejo de Estado señaló que si bien Moreno fue condenado por la Corte Suprema por ese caso no se advirtió que “la reunión con los funcionarios del DAS y la UIAF para obtener los resultados de sus registros desbordara el marco de sus competencias”.

Para el alto Tribunal, el Ministerio Público interpretó de forma errónea las normas que definían la competencia del exfuncionario de las entidades de inteligencia respecto a la información que debían entregar a la Presidencia de le República.

“El Consejo de Estado declaró la nulidad de los apartes de los actos administrativos que contienen la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y la sanción y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó cancelar el registro de la medida disciplinaria”, dice el Consejo de Estado en un comunicado.

El exsecretario de Presidencia fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en 2014 a ocho años de prisión por su responsabilidad en los seguimientos e interpretaciones ilegales contra opositores del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Moreno había pedido a la Procuraduría que anulara su sanción, que también cobijó a otros exfuncionarios como María del Pilar Hurtado Afanador en su condición de directora del DAS durante la época de los hechos investigados y a Mario Alejandro Aranguren Rincón en su condición de director de la UIAF, pero la petición fue rechazada.