Con la decisión de abrir una indagación preliminar por $96.725 millones y hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $8.185 millones, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General al Fondo Adaptación “por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato con la firma española Sacyr para construir los puentes Hisgaura, La Judía y otro en el denominado Sitio Crítico 43, que hacen parte de la carretera entre Los Curos y Málaga, en el departamento de Santander”.

El organismo de control estima que, aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación.

En el caso del puente Hisgaura, la Contraloría dejó en claro que, con ocasión de las diferentes demoras, inconvenientes técnicos y en general con las incertidumbres que se han dado alrededor de la obra construida, el puente no se ha recibido por la administración pública, existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por $96.725.052.864, siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público, por lo que para profundizar en este particular se dará apertura a una indagación preliminar.

Considera la CGR que, dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado colombiano aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016.

En la visita de inspección ocular realizada al puente Hisgaura el día 14 de marzo de 2019 por parte del personal que realizó esta actuación especial de la CGR, se pudo verificar que existe en la parte inferior del tablero del puente una serie de fisuras las cuales son visibles a simple vista a más de 45 metros, puesto que tiene manchas y algunas eflorescencias.

Estas fisuras surgieron probablemente con ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos (desalineamiento vertical del tablero), retracción y sobrecargas en el tablero.

Mayores costos

El primer hallazgo de la actuación adelantada por la Contraloría, es de carácter administrativo, fiscal y disciplinario, y tiene que ver con los mayores costos que se dieron con ocasión de la negativa por parte del contratista de obra de implementar los diseños entregados por el Fondo Adaptación, lo cual desembocó en una ampliación del plazo contractual.

Para la Contraloría, las demoras del contratista en la elaboración de los diseños del puente Hisgaura y sus respectivos presupuestos, consumieron la mayor parte del tiempo previsto para la ejecución del contrato, y derivaron en la ampliación del plazo contractual y la incorporación del ítem de ajuste de precios.

“En este sentido, la conclusión de la actuación especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 610 de 2000”, indicó el ente de control.

De otro lado, la CGR considera que por la no utilización de los diseños iniciales del puente Hisgaura, se constituye un presunto detrimento patrimonial por $503 millones consistente en el valor de los diseños, y por $126 millones de interventoría, que corresponde a la proporción de costos del diseño del puente en relación con el valor total de los diseños, para un total de $629 millones.

Otro hallazgo administrativo está relacionado con el mantenimiento periódico derivado de los errores constructivos.

Ante el desalineamiento vertical del tablero del puente y las vigas longitudinales, el contratista de obra Sacyr decidió colocar unas impostas o faldones metálicos, para tapar con deformaciones. Adicional a la parte puramente estética, se necesitó colocar unas estructuras para nivelar la superficie de la rasante del puente (recrecidos), para ofrecer seguridad y confort vial.

“Cálculos del interventor indican que, en el escenario más desfavorable, el mantenimiento no estimado originalmente durante la vida útil del puente (75 años), puede llegar a $6.473 millones (cuantificado a precios de febrero de 2019), recursos que para la Contraloría no corresponden con las actividades habituales de mantenimiento de este tipo de puentes y tampoco fueron considerados en la fase de estructuración y diseño del proyecto”, señaló.