La exgobernadora y otros tres exfuncionarios habrían adjudicado sin transparencia la licitación del corredor digital de La Guajira.

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Por presuntas irregularidades en contratación, la Procuraduría General de la Nación le formuló un nuevo pliego de cargos a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, y a tres exfuncionarios de la administración departamental.

A través de un comunicado, el Ministerio Público precisó que los exfuncionarios investigados son Bely Géneco, en su condición de secretaria de Educación; Gilbert Meza, director operativo; y Gerardo Cujia, profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos.

La Segunda Delegada para la Contratación estatal investiga la existencia de una posible falta disciplinaria de los exfuncionarios por su participación de la Licitación Pública 033 de 2015, al parecer, con desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera.

La mencionada licitación pública tenía por objeto implementar “estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”, con un presupuesto de más de 20.000 millones de pesos (exactamente 20.453.932.366 pesos), y fue otorgado a la Fundacion Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).

El órgano de control reprochó que la posible restricción probablemente ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable.

En el caso de la exgobernadora Pinto, cuestionó que siendo la máxima responsable de la contratación del departamento, al parecer no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario.

Así mismo, recordó que los disciplinables tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los disciplinables como gravísima, a título de culpa gravísima.