La Superintendencia de Salud, encabezada por Giovanny Rubiano, reveló un nuevo escándalo en el sector de la salud que implica a la EPS Coosalud, afirmando que actuó como fiador para una empresa privada utilizando recursos públicos.

Esta irregularidad se descubrió durante la investigación que sigue a la intervención de Coosalud a finales de noviembre, debido a un bajo nivel de cumplimiento en sus actividades.

Rubiano expresó su indignación por el hallazgo, subrayando las consecuencias que estas prácticas tienen en la salud pública del país: "Cada peso que se desvía inadecuadamente es una vida que pierde nuestro país, es un servicio que no se atiende", señaló con visible frustración.

Según explicó el Superintendente, el contrato entre el Banco GNB Sudameris S.A. y Coosalud Inversa se firmó en diciembre de 2022. En este acuerdo, la EPS, que maneja fondos públicos destinados a la salud, actuó como garante de la empresa privada, asumiendo responsabilidades financieras por una deuda que no le correspondía.

El contrato de crédito, que ascendía a más de 221 mil millones de pesos, ya había sido incumplido por la empresa privada en noviembre de 2024, lo que llevó al banco a activar las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación.

Fue en ese momento cuando se determinó que los recursos del ICOMISO relacionados con Coosalud serían utilizados para saldar la deuda, concretándose así una transferencia de 206 mil millones de pesos. "Se cumplen entonces las garantías por parte del garante o el fiador, en este caso que es Coosalud, con dinero público", indicó Rubiano.

Este descubrimiento se suma a las graves irregularidades que llevaron a la intervención de Coosalud, que había sido señalada por la Supersalud por un deterioro en los aspectos técnicos, científicos, jurídicos y financieros de la aseguradora. Con solo un 6% de actividades cumplidas a cabalidad, la EPS mostró serias deficiencias que ahora se suman a este escándalo de manejo inapropiado de los recursos públicos destinados a la salud.

El representante legal de Coosalud, Jaime González, y los responsables de la empresa privada, cuyos nombres también figuran en el contrato, se verán sometidos a la revisión de las autoridades.