En la Sala Plena de la Corte Constitucional el próximo miércoles tiene previsto pronunciarse sobre si se ajusta o no a la Carta Política el Decreto Legislativo 444 de 2020, por medio del cual el Gobierno nacional crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para atender las necesidades de recursos destinados a la atención en salud, efectos adversos para la economía y mantener el crecimiento, debido a la crisis provocada por la pandemia.

Sin duda es uno de los decretos más importantes expedidos en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica al que acudió el presidente Duque para enfrentar esta crisis, pues además de sus alcances moviliza recursos por más de $14 billones.

La discusión en Sala Plena y el respectivo fallo se darán con base en una ponencia que presentó en días pasados el magistrado Carlos Bernal, quien para su estudio decretó la práctica de una serie de pruebas, como fue oficiar al Ministerio de Hacienda para que informara, entre otras, ¿cuáles son las razones que justifican que no sea financieramente viable ni fiscalmente responsable acudir a mercados de deuda para obtener recursos para atender la crisis?; ¿qué justifica que los recursos del FOME tengan por objeto la atención en salud? Y, ¿los mecanismos ordinarios de financiación del sector salud resultan insuficientes en esta coyuntura?

El FOME tiene como principales fuentes los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), a título de préstamo a la Nación y que serán administrados por el Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el primer paquete de medidas económicas y sociales para atender la crisis generada por la pandemia del coronavirus en el país requerirá recursos por $14,8 billones.

En ese mismo sentido, explicó que $12,1 billones de esos recursos provendrán del FAE, mientras que los $2,7 billones restantes saldrán de los aportes al Fonpet.

Agregó Carrasquilla que “tenemos unos recursos ahorrados. No se necesitan en materia de inmediata liquidez en este momento. Se necesitarán más adelante y el país tendrá el tiempo de reaccionar pasada esta emergencia, de reponer esos recursos”.

A su vez, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, recalcó a los mandatarios regionales y locales que el Gobierno nacional no “les está quitando ningún recurso de liquidez (…) el Gobierno nacional tomó un préstamo del Fonpet, pensiones que se van a pagar a partir del año 2040”.

¿Para qué tomó ese préstamo?, preguntó el Viceministro, “para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis”, dijo.

La Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios señalaron en un comunicado que “respaldamos lo establecido en el Decreto 444 de 2020, expedido en el marco de la declaratoria de emergencia económica por el Covid-19, el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), que garantizará la liquidez y recursos necesarios para la salud, servicios, asistencia humanitaria y atención a comunidades vulnerables durante la emergencia”.

Agregaron estas federaciones que la disposición de recursos del FAE y del Fonpet será “para inversión destinada a atender la emergencia en las regiones, y no restringen la disponibilidad actual de recursos para inversión de los municipios y departamentos”.

Polémica

En su momento un artículo del Decreto que dio vida al FOME despertó polémica porque algunos mandatarios regionales y políticos de oposición consideraron que los recursos servirían también para darle la mano al sector financiero en esta crisis.

Según el Decreto, estos dineros  se podrán utilizar “para atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que se hacen parte del Presupuesto General de la Nación; pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el cumplimiento del objeto FOME; efectuar operaciones de apoyo a liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósito de plazo, entre otras”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue la primera en criticar el Decreto y dijo en su momento en su cuenta de Twitter que “es inaudito que el Gobierno nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas. Abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

Dichos señalamientos fueron desmentidos por el Gobierno nacional.