La Corte Constitucional le puso fin a la interinidad que existe desde 2015 en el Consejo Superior de la Judicatura para crear la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el organismo que reemplazará a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de una reforma a la Carta del 91.

Tras analizar un fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura contra el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ordenó que de inmediato deben dejar sus cargos los magistrados Pedro Alonso Sanabria y María Eugenia Garzón, quienes llevan 12 años en la Sala Disciplinaria a pesar de que fueron elegidos para un periodo de ocho años que se vencieron en 2016.

Por decisión unánime, la sala plena de la Corte consideró que los dos magistrados deben salir de inmediato de sus cargos en los que permanecían bajo el argumento de que el Congreso de la República no ha reglamentado mediante ley estatutaria la convocatoria de las ternas de la cual se deben elegir a los siete integrantes de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde además hay en este momento tres magistrados nombrados en provisionalidad.

Por ello, la Judicatura entuteló al Consejo de Estado que tumbó la convocatoria para proveer dichos cargos porque no existía la reglamentación legal, tutela que ayer fue revisada y fallada por la Constitucional.

A comienzos de este año, el Consejo de Estado había pedido al Gobierno que presentara las ternas de las cuales se deben elegir tres magistrados del nuevo órgano. Los otros cuatro son elegidos por el Congreso de ternas, postuladas por la Gerencia de la Rama Judicial.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será el órgano que reemplazará a la Sala Disciplinaria de la Judicatura y tendrá a su cargo la misión de investigar y sancionar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales.

La inmediata salida de los magistrados Garzón y Sanabria obedece a que, según el fallo de la Corte Constitucional, con su negativa de salir del cargo “bloquearon” deliberadamente la integración de la Comisión de Disciplina Judicial. 
Al respecto, la Corte dejó en claro que el periodo constitucional de los magistrados es de ocho años y los dos juristas mencionados ya completan 12 años, una conducta “ilegal” que podría tener consecuencias disciplinarias.

Nuevo magistrado

De otro lado, ayer la plenaria del Senado de la República eligió al jurista Jorge Enrique Ibáñez como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Luis Guillermo Guerrero quien cumple su periodo de ocho años el próximo 4 de septiembre.

Ibáñez fue elegido con 58 votos a favor, mientras los otros dos ternados, Natalia Ángel alcanzó 38 votos y Marino Henao, 6.

La elección del nuevo magistrado se dio de manera presencial en la misma sesión en la que fue elegida como Procuradora General de la Nación la exministra Margarita Cabello Blanco.

“Asumiré el cargo y la dignidad de la magistratura con la única voluntad de continuar sirviendo a la administración de justicia, aportando a la Corte Constitucional mi conocimiento, mi experiencia y desde allí al país, en el respeto del orden constitucional y del Estado de derecho. Con la ética, la transparencia, la rectitud, la moralidad, la disciplina, la responsabilidad, el rigor y la objetividad que la comunidad y la administración de justicia exigen de un magistrado de la Corte Constitucional”, dijo el nuevo Magistrado al aceptar su elección.

Ibáñez es abogado con Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional Público y doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio. Además, tiene un posdoctorado en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la misma universidad.

Entre otros cargos fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, y de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 1997. También, asesor jurídico del Banco de la República, director de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario e igualmente en el Departamento de Derecho Público y de varias especializaciones.

También ha sido conjuez de la Corte Constitucional, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado. Además, fue uno de los tres árbitros del tribunal de arbitramento que terminó anulando el contrato de la Ruta del Sol 2, en agosto de 2019.