Corte Suprema de Justicia allanó oficina de Karen Manrique | El Nuevo Siglo
Karen Manrique ha negado las acusaciones, defendiendo que sus actuaciones fueron legítimas y dentro de la ley. / Foto: @KarenManriqueO
Miércoles, 4 de Diciembre de 2024
Redacción Web

La Corte Suprema de Justicia realizó una inspección judicial en la oficina de la congresista Karen Manrique, quien se encuentra involucrada en una investigación relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, fue mencionada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en sus declaraciones sobre un presunto esquema de corrupción.

López acusó a la congresista de coordinar a varios legisladores que, supuestamente, acudían al Ministerio de Hacienda para recibir contraprestaciones a cambio de emitir conceptos favorables al gobierno en relación con créditos públicos.

Según las primeras investigaciones, Manrique habría mantenido reuniones tanto en su oficina como en la sede de la UNGRD para gestionar contratos, incluido uno en el municipio de Saravena, Arauca.

El abogado defensor de Manrique, Andrés Garzón, defendió a su clienta, asegurando que las reuniones fueron legítimas y que no se registraron recursos desviados. Afirmó que su defendida actuó siempre dentro de los límites de la ley y negó cualquier implicación en la desviación de fondos. Además, subrayó que no existieron contratos fraudulentos ni pagos ilegales en el proceso.

Este allanamiento es parte de una investigación más amplia que involucra a varios altos funcionarios, incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha sido señalado como uno de los beneficiarios del esquema.

Se acusa a Bonilla de haber autorizado desembolsos millonarios a la UNGRD a cambio de favores políticos. El caso también ha tocado al presidente Gustavo Petro, quien deberá rendir cuentas sobre su conocimiento y posible participación en los hechos.

El escándalo ha causado gran conmoción en el país, con la Fiscalía General de la Nación calificando el caso como una "organización criminal" que utilizó las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública como pretexto para desviar recursos, mediante contratos fraudulentos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).