La Fiscalía imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, la aceptación de estos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado

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Sobrecostos en los contratos suscritos para atender la pandemia se han encontrado en 24 gobernaciones así como en 89 municipios, anunciaron ayer el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa.

En rueda de prensa, los tres funcionarios señalaron que ya hay seis personas capturadas: los alcaldes de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, y tres contratistas, así como el de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez, junto a su secretario de Gobierno.

Carrillo, Córdoba y Barbosa informaron los resultados de las investigaciones contra los funcionarios públicos que han adelantado los tres organismos en medio de la pandemia. Entre los resultados están investigaciones a alcaldes, gobernadores, miembros de la Fuerza Pública y empleados de segundo y tercer nivel.

Carrillo advirtió que “aquí no se trata de decapitar funcionarios públicos. Porque sí estamos más bien en una cruzada de defensa de los recursos públicos de los colombianos, que como todos sabemos son sagrados y en virtud de la crisis, son cada día más escasos. Estamos en una campaña por la defensa de los derechos de los colombianos. Quiero destacar, además, que esta es una prueba de fuego para la descentralización en Colombia. Aquí se trata de fortalecer los controles territoriales que nos permitan evitar que se vulneren los derechos de los colombianos y se dilapiden los recursos públicos”.

El procurador Carrillo aseguró que en los dos meses de emergencia sanitaria por el Covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial, los destinados para ayudas humanitarias.

“El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa Transparencia para la Emergencia, había iniciado 123 expedientes disciplinarios. De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones, 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario”, dijo Carrillo.

Según datos de la entidad, Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Siguen Vaupés con 7, y con 5 cada uno Magdalena y Nariño.

“El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos, 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca; y El Socorro, Santander”, expuso.

10 alcaldes

El fiscal Barbosa aseguró que luego de la revisión de más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración del Estado de emergencia, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, a su vez cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

“En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, precisó.

Así mismo, el funcionario anunció que la Fiscalía “imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado”.

Los alcaldes son José Manuel Ríos, de Armenia, Quindío; Rummenigge Monsalve, de Malambo, Atlántico; Luis Antonio Rhenals, de Cereté, Córdoba; Claudia Luz Alba Porras, del Socorro, Santander; Luis Alberto Balcero, de Calarcá, Quindío; John Jaime Ospina, de San Pedro, Valle del Cauca; Jorge Iván Vásquez, de San Antonio, Tolima; Germán Herrera, de Guaduas, Cundinamarca; Nelson Gómez, de Palocabildo. Tolima; y Rafael Antonio Ospina, de Coveñas, Sucre.

Así mismo, según informó Barbosa, fueron llamados tres alcaldes en calidad de indiciados y varios funcionarios públicos de las alcaldías de Sincelejo, Medellín, Malambo, Guaduas y Acacías, así como de la Gobernación del Valle del Cauca.

La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, sostuvo Barbosa, “citó a interrogatorio en calidad de indiciados a tres gobernadores: Everth Hawkins, de San Andrés Islas; José Facundo Castillo, de Arauca; y Heydeer Palacio, de Guaviare”.

Además, existen indagaciones contra 14 gobernadores: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos) y Vichada (dos casos). También Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (cada uno con un caso, respectivamente).

Sobrecosto del 100%

El contralor general Córdoba hizo hincapié en el caso de un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1.322.700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional. Por este caso, la Contraloría les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones al comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de navío Jaime Gómez, así como a la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, capitana de fragata Magda Constanza Moreno, y al representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.

Adicionalmente, la Contraloría les abrió procesos de responsabilidad fiscal a seis mandatarios territoriales.

El posible detrimento por el que deberá responder la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, es por casi $312 millones, mientras que supera los $942 millones el que involucraría al alcalde de Medellín, Daniel Quintero; por $1.051 millones el del alcalde de Sincelejo, Sucre, Andrés Eduardo Gómez; por $1.107 millones el del alcalde de Malambo, Atlántico, Rummenigge Monsalve; y por más de $229 millones el del alcalde de Coveñas, Sucre, Rafael Antonio Ospina.

Córdoba anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también, por el tema de posibles sobrecostos en contrataciones por el Covid-19.

Estas fueron las declaraciones de los jefes de organismos de control: