Verdes piden al Gobierno condicionar mesa con Eln a que levante paro armado | El Nuevo Siglo
Defensoría del Pueblo hace presencia en el Chocó debido al paro armado que adelanta el Eln. Foto: Defensoría
Miércoles, 14 de Agosto de 2024
Redacción Política

El Partido Alianza Verde pidió al Gobierno nacional que para la reanudación de la mesa con el Eln, ponga antes como condición que levante cualquier paro armado. La colectividad manifestó su preocupación por la acción en este sentido que esta organización desarrolla en el departamento del Chocó desde el pasado domingo, afectando a miles de pobladores.

“Nuestros elegidos en el departamento del Chocó, especialmente de los municipios de Medio San Juan, el Litoral de San Juan y Sipí, tienen una gran preocupación por el reciente anuncio de paro armado que decretó el Eln en esta zona del país”, señaló esta colectividad de centro.

Agregó la Alianza Verde que “pedimos que en protección de la seguridad y libertad ciudadana, el Gobierno Nacional y los negociadores de la paz total, incluyan de manera inmediata el levantamiento de cualquier paro armado que anuncie el Eln, con el ánimo de preservar la integridad y vida de la población civil”.

Añadió que además como acción por parte del Estado, “solicitamos que se genere un plan urgente de abastecimiento de productos de primera necesidad para el departamento” del Chocó.

La Defensoría del Pueblo denunció el pasado martes que en las jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, están en situación de confinamiento; 7.500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria.

Agregó la Defensoría del Pueblo que además del paro armado ejecutado por el Eln, la confrontación y disputa territorial de este grupo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.