La Comisión I del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de Ley “Son Niñas, No Esposas” que tiene como propósito eliminar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas Forzadas (MIUTF), un hecho histórico porque es la primera vez que un proyecto de esta índole llega tan lejos en el trámite legislativo.

Bajo esta premisa, Marta Royo, directora ejecutiva y representante de Profamilia, sostuvo que desde el año 2007 se ha buscado un cambio en el Código Civil para que no se permita más el matrimonio infantil. 

“Ahora, después de ocho proyectos que en el pasado no lograron ni siquiera ser discutidos, podemos afirmar que finalmente se está logrando afianzar un compromiso de los congresistas con la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Debemos seguir avanzando, aún nos queda un debate para que el matrimonio infantil no se permita más en el país. Colombia está a punto de saldar una deuda histórica con los derechos de las niñas y adolescentes y entrar al grupo de países que ya han ajustado sus legislaciones y adoptado medidas para erradicar esta práctica nociva”, manifestó.

El MIUTF es una práctica que se ha naturalizado en diversos entornos sociales y culturales de Colombia, especialmente en las zonas rurales, que acarrea múltiples formas de violencia contra las niñas y niños, a raíz, entre otras, de relaciones donde hay ausencia del consentimiento y predomina el desbalance de poder, acentuando y reproduciendo los entornos de pobreza o vulnerabilidad.

Ante este panorama, Royo enfatizó que de aprobarse este proyecto de Ley, el país contaría con una de las normas más completas que no solo modifican el Código Civil, sino que desarrolla políticas integrales orientadas a la prevención y atención, así como al acompañamiento en la construcción de proyectos de vida con el propósito de avanzar en la reducción de las brechas sociales, la transformación de patrones culturales y el fortalecimiento de los derechos a la educación y la salud de las niñas, niños y adolescentes.

“Aplaudimos la rigurosidad técnica que permitió fortalecer el proyecto durante su discusión en tercer debate, ya que se incorporaron nuevos artículos y modificaciones al proyecto que contemplan protecciones especiales en materia patrimonial para las niñas y adolescentes en este tipo de uniones, así como adecuaciones jurídicas que blindan aún más el articulado y robustecimiento de las medidas de política pública”, agregó. 

“Esperamos el compromiso del Congreso y de la sociedad civil para lograr la eliminación de esta práctica nociva y de esta manera contribuir a la materialización del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y de la primacía de sus derechos”, concluyó la Directora.