Fue suspendida por tres meses Beatriz Elena Cárdenas, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá, por las fallas en la planeación en la prestación del servicio de basuras en la capital, anunció la Procuraduría.
El procurador Fernando Carrillo precisó que “se le pide a la administración de Bogotá que tome todas las medidas sanitarias necesarias para superar la situación de basuras en la capital” y reiteró “el llamado a que se revise el cobro del servicio que no se ha prestado con calidad”.
Para Carrillo, la Alcaldía de Bogotá mintió sobre la emergencia ambiental y sanitaria que generó la acumulación de basuras en la ciudad.
"La información que recibimos, en el caso de las autoridades distritales, no correspondió a la realidad", expresó Carrillo en una rueda de prensa.
El 1 de febrero el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, declaró la emergencia ambiental y sanitaria por las toneladas de basura que se dejaron de recoger varios días.
El caos comenzó por la protesta de un grupo de recolectores de basura por el cambio de esquema en el modelo de aseo, que incluyó la entrada en operación de empresas privadas, y que según ellos dejaría a 3.700 trabajadores sin empleo.
Diez días después Peñalosa dio por superada la crisis, pese a que cientos de toneladas de residuos se siguieron acumulando en varios puntos de la ciudad.
"Se faltó a la verdad porque en algunos casos se estableció que se habían realizado unas acciones que no correspondieron a los hechos" y "se respondió a medias" frente a la situación, agregó Carrillo.
El funcionario sostuvo que la alcaldía tuvo una "gran falta de planeación" en el diseño del nuevo sistema de basuras.
El alcalde Peñalosa, que en medio de la crisis llegó a considerar las quejas de los bogotanos como un "melodramatismo exagerado", trinó que respeta y acata la decisión del procurador.
A finales de 2012 Bogotá vivió otra emergencia de basuras, luego de que el entonces alcalde Gustavo Petro, ahora candidato presidencial, cambiara el modelo de aseo, lo que provocó la acumulación de toneladas de residuos en las calles.
Por la situación el entonces procurador Alejandro Ordóñez, también candidato presidencial, destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años, aunque cuatro meses después volvió al cargo tras un fallo.
En 2017 un alto tribunal dejó sin efecto la decisión de Ordóñez.
