El abogado Jaime Granados Peña, uno de los abogados penalistas más prestigiosos del país, representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el jurista dijo que la Sala de Instrucción de la Corte “ya no es competente” para investigar a su cliente, y que esta semana debe responder su solicitud de enviar todos los procesos contra Uribe a la justicia ordinaria.
EL NUEVO SIGLO ¿Cómo va el proceso del expresidente Uribe?
JAIME GRANADOS PEÑA: El señor expresidente y ahora ciudadano Álvaro Uribe Vélez está afrontando en este momento no solo uno sino varios procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Uno solo a nivel formal, que es el 52240 conocido genéricamente por la prensa como el de manipulación de testigos, y otros que vienen de la época anterior a su presidencia que habían sido objeto de archivo, incluso autos inhibitorios. Por eso hemos solicitado a la Corte Suprema que, uno a uno, los remita a la justicia ordinaria.
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ENS: ¿Cuántos procesos están en la Corte?
JGP: Son aproximadamente una docena de procesos, algunos ridículos, sin sustento, el único avanzado es el de manipulación de testigos que inició el exmagistrado (José Luis) Barceló Camacho cuando archivó la investigación al senador Iván Cepeda.
Están los de las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, cuando Uribe era primero Gobernador y después estudiante en el exterior, y la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle cuando era estudiante de Oxorfd, pero absurdamente lo han querido vincular.
Está el del hacker (Andrés) Sepúlveda en el cual obviamente no tiene nada que ver. Van seis años sin que le resuelvan nada, eso es absurdo. La Sala de Instrucción no ha tomado ninguna decisión a pesar de mis múltiples solicitudes de respuesta, de hecho la Sala ha reconocido que no me ha respondido.
Tenemos el caso conocido como de ‘los perfilamientos’ a raíz de los allanamientos que se hicieron a un batallón del Ejército en Faca en diciembre del año pasado. Otro conocido como la ‘Ñeñepolítica’, y otros por injuria y calumnia en temas de libertad de expresión.
Estamos pidiendo a la Corte que los estudie uno por uno, no en bloque, porque cada caso necesita de una respuesta individual. Obviamente priorizamos el caso 52240 de manipulación de testigos, y el caso de Ituango por su connotación pública.
Derechos
ENS: Usted sorprendió al no interponer recurso de reposición contra la providencia de la Sala de Instrucción, y ahora pidiendo el traslado a la Fiscalía de todos los procesos contra su cliente. ¿Todo esto es parte de su estrategia de defensa?
JGP: Lo primero es que el señor expresidente Uribe Vélez tiene los mismos derechos que cualquier otra persona en Colombia. Este es un Estado de derecho donde rige la democracia y es lo que hemos pedido en todos los procesos del expresidente y hoy simple ciudadano Álvaro Uribe Vélez: que se le respeten sus derechos, como a cualquier persona, sin ningún trato privilegiado. Nuestra estrategia se enfoca a eso, a que se le respeten sus derechos.
Protestamos y dejamos una muy fuerte constancia procesal de porqué no presentamos recurso de reposición: es un recurso inane ante los mismos magistrados que de manera unánime tomó la decisión injusta de detener al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
ENS: ¿Qué argumentó en ese documento?
JGP: Esa providencia de 1.554 páginas implica una clara vulneración de la presunción de inocencia del expresidente, y donde hemos identificado profundos yerros y que muestran claramente un sesgo de la Corte. Por ejemplo, no le permitió a la defensa interrogar al principal testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve, a pesar de haber insistido cuatro veces. Eso sencillamente es una aberración.
Nos enfrentamos a que las pruebas a favor de Uribe no las decretan o no las practican; a que se resolviera el proceso dentro de los términos: la ley habla de diez días, nosotros corrimos a presentar unos alegatos, pero la Corte tomó una decisión en agosto, es decir casi nueve meses después. ¡Claro que esa es una violación de los derechos del ciudadano Uribe!
También es una vulneración a sus derechos que el expresidente Uribe haya sido interceptado ilegalmente, pedimos la nulidad de esas interceptaciones y nos la negaron, presentamos reposición frente a esa nulidad y nos la negaron también. Recusaron sin fundamento a una magistrada y la separaron del proceso. Es decir, los atropellos que ha cometido la Sala de Instrucción son demasiados y son muy evidentes.
Estamos convencidos de que no hay ningún elemento de prueba que muestre responsabilidad por parte del ciudadano Álvaro Uribe. Además, desde antes de que supiéramos de la existencia de este proceso, ya se estaba filtrando a cierto sector de los medios de comunicación y sistemáticamente siguió filtrándose.
Dejé más de cinco constancias protestando por esas constantes filtraciones, por eso pedimos que se hiciera pública la totalidad del expediente a través de una sustentada exposición basada en instrumentos sobre derechos humanos y un juicio trabajo de interpretación de la Constitución.
ENS: ¿Por eso renunció al fuero?
JGP: Por todo esto y mucho más, el señor expresidente entendió que no podía actuar de manera cabal como senador, a pesar de no haber sido suspendido del cargo. En consecuencia él tomó la decisión de renunciar y ahí impera lo que establece el parágrafo del artículo 235 de la Constitución: cuando eso ocurre el fuero se pierde, salvo en aquellos casos relacionados con la función de congresista.
Preocupación
ENS: Uribe dice que la Corte es “mafiosa, sesgada, politizada”, y usted dice que es un “apéndice del senador Cepeda”. ¿Eso demuestra que existe animadversión de la Corte hacia su cliente?
JGP: Aquí no se trata de adjetivos. El señor expresidente desde siempre, en todos los cargos públicos que ha desempeñado, ha dado muestra del acatamiento a las decisiones judiciales, de respeto a las instituciones. Alguien que tuvo el poder de haber sido el primer Presidente reelegido en más de un siglo, con una popularidad estratosférica, acató sin dudar el fallo de la Corte Constitucional que le impedía intentar un referendo para buscar un tercer período.
El expresidente Uribe siempre confió que la Corte actuaría como cualquier juez, con independencia, con imparcialidad, con autonomía, mirando exclusivamente las pruebas, los argumentos jurídicos, no dejándose presionar por un sector de la prensa encausada por sus detractores políticos.
Pero objetivamente vemos cómo ese sector de opinión ha venido calando en la Corte, y termina el senador Cepeda diciendo a la Corte cómo es que debe actuar, y la Corte siguiendo esa línea. Entonces hay claras razones de suspicacia y preocupación, no es una guerra de adjetivos.
ENS: También ha habido una ola de solidaridad nacional e internacional en favor del expresidente Uribe…
JGP: Eso lo recibe el señor expresidente, su familia y sus abogados con gratitud porque la historia de la humanidad ha demostrado que muchos de los grandes hombres han terminado recibiendo como recompensa por sus esfuerzos la ingratitud de sus conciudadanos.
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En algunos momentos Colombia ha tenido manifestaciones de ingratitud hacia el expresidente Uribe que rescató este país y eso lo reconoce la gran mayoría de colombianos. La pandemia ha obligado a tener mesura en esas reacciones públicas, pero a nivel internacional ha tenido un enorme respaldo porque se le reconoce como un luchador de la libertad, como un luchador contra el terrorismo. Pero le han vulnerado sus derechos llevándolo a una detención preventiva absolutamente arbitraria. ¡Por Dios!
ENS: ¿Qué viene en materia procesal? ¿La defensa va a interponer algún otro recurso?
JGP: Puede estar seguro de que vamos a agotar todas las herramientas jurídicas efectivas. Frente a lo que ya se le pidió, la Corte dispone de un término legal de cinco días para resolver la pérdida de competencia, el tema jurídico es claro: aquí no hay ninguna actuación relacionada con su función y en consecuencia esto tiene que pasar a la justicia ordinaria. Esperamos que el tema sea resuelto esta semana y conforme a ello habrá otro curso de acción coherente a las decisiones que tomen la Sala.
Acciones
ENS: ¿Qué tipo de acciones, nos puede adelantar algo?
JGP: No quiero especular. En nuestro criterio lo único que procede jurídicamente es remitir esto a la justicia ordinaria, punto. Cualquier otra cosa que se haga es equivocada y tendrá las respuestas jurídicas apropiadas.
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ENS: ¿Se ha contemplado el plano internacional?
JGP: No solamente se ha contemplado sino que ya estamos en ejercicio de ello. En su momento, la opinión pública tendrá conocimiento de lo que estamos haciendo.
ENS: ¿Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
JGP: No puedo hacer más comentarios al respecto.
ENS: ¿En este momento Álvaro Uribe tiene alguna restricción, por ejemplo hablar con los medios, o las redes sociales?
JGP: No, el expresidente Uribe tiene las más grave restricción que puede tener una persona en una democracia: la restricción de su libertad con una detención arbitraria. Afortunadamente todavía no existe en Colombia la ley de la mordaza y por ello él ha expresado su opinión cuando lo ha considerado.
ENS: ¿A usted cómo abogado y académico le gusta la idea planteada por Uribe de un referendo para crear una sola Corte?
JGP: Esa idea no nació por este proceso. La reforma a la justicia fue la obsesión de ese gran colombiano Álvaro Gómez Hurtado: primero, cuando se intentó la reforma del año 79, declarada inexequible por la Corte Suprema en el año 81; luego, el presidente (Virgilio) Barco hundió otra reforma antes que entregarla al narcotráfico en el año 89. Y en el 91, la Constituyente copresidida por Álvaro Gómez Hurtado logró avanzar mucho.
Este incidente del expresidente y ahora ciudadano Álvaro Uribe lo que hace es llamar la atención de los riesgos que se corren cuando un sector de la justicia se politiza.
ENS: Pero usted, como abogado y académico, ¿qué piensa?
JGP: Yo creo que hay que dar ese debate. Aquí no se está debatiendo nada que no esté en la Constitución. Lo importante, y es lo único que puedo decirle desde mi rol de abogado defensor, es simplemente que todos los colombianos queremos tener un sistema de justicia diferente, que sea eficaz, garantista y asequible a todos los colombianos.
Competencia
Este fin de semana se conoció que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para el 16 de septiembre al expresidente Uribe para escucharlo en versión libre por la masacre de El Aro, corregimiento de Ituango, Antioquia, ocurrida en 1997.
Frente a la citación, la defensa de Uribe expidió dos comunicados. El primero, el sábado, cuando trascendió la citación de la Corte. En él, Granados dice que “ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones como Senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después”.
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Y este domingo, Granados expidió otro comunicado en el que ratifica que “la Sala de Instrucción perdió la competencia” para investigar a su cliente desde el 18 de agosto, día en que la plenaria del Senado aceptó su renuncia.
Según Granados, desde el 2 de mayo de 2012 Uribe informó a la Fiscalía “su voluntad de aclarar cualquier duda sobre su conducta”, en este y otros procesos, y solo hasta el 13 de agosto de 2013 se dispuso escucharlo en versión libre, “sin embargo nunca se fijó fecha para tal fin”.
A partir de 2014, ya como Senador, el caso pasó a la Sala de Casación Penal de la Corte. Pero nunca, dice Granados, se dispuso el llamado a versión libre “a pesar de que el propio presidente Uribe había reiterado su pedido desde 2018”.
Y agrega que “curiosamente desde ese momento y hasta el 18 de agosto de 2020 nunca fuimos informados de que se fijara fecha para la versión libre”.
La defensa concluye que lo más llamativo es que la citación a versión libre le fue comunicada el 19 de agosto en horas de la noche a pesar de que la víspera “se preguntó por dicho proceso en la Secretaría sin que se reportara ninguna novedad”.