EL GOBIERNO Nacional tiene como propósito presentar la reforma integral a la Ley 30 de 1992 con el objetivo que la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior como un derecho fundamental. Este proceso de reforma empezó desde los primeros meses de instalación del gobierno con un comité de reforma a la ley.

En el primer semestre de 2023, el comité se reconfiguró en una mesa permanente de reforma a la Ley 30, con una expresión regional de “Diálogos por la Educación Superior”. Estos espacios tienen como objetivo identificar, mediante un proceso de diálogo participativo, las problemáticas y propuestas de los diferentes actores del Sistema de Educación Superior, así como las condiciones de incidencia e intervención sobre temáticas que fortalezcan la Educación Superior en Colombia y permitan la reforma integral a la Ley 30 de 1992.

Al respecto, Hernando Bayona, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media sostuvo en diálogo con este Diario que hay varios puntos por discutir.

“Era una reforma que buscaba en principio hacer una transformación al tema de la financiación, ese era el objetivo inicial y la propuesta que venía desde la campaña electoral de Petro. Creo que se ha comenzado a transformar en una reforma un poco más amplia, que no solamente toca el tema de la financiación que es el tema grueso y por el cual muchas universidades están un poco indispuestas, sino que también presenta otros elementos que son muy importantes a tener en cuenta como temas de escritura, quitar que el doctorado no es un nivel posgradual, quitarle un poco de poder a ciertos órganos constructivos del Ministerio y darle mayor poder al Ministerio de Educación. Eso no es menor”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional maneja la educación superior desde hace poco tiempo, 20 o 25 años.

“Es problemático que no se revise en la política de esta reforma la nueva estructura o una arquitectura que de alguna manera equilibre los poderes y la gestión educativa en el país. No se habla nada sobre una posible Superintendencia de Educación que podría ser muy importante para el tema de supervisión”, afirmó.

Por su parte, Camilo Bonilla, director de Posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario afirmó que tener un concepto en general sobre la reforma en este momento de proyecto de ley va a ser muy complicado.

“Una cosa es el proyecto cómo entra al Congreso, otra cosa es cómo saldrá de la Cámara y cómo saldrá del Senado. Podemos pensar que es una intención que está en línea con los propósitos que señaló en campaña el Gobierno Nacional, que tiene muchos vacíos, que tiene muchas muy buenas intenciones y que habrá un momento en el que se tengan que conciliar esos vacíos, esas buenas intenciones, pero sobre todo revisar cuánto hay de ahorro para poder cubrir unas demandas sociales que el mismo Gobierno siente que existen y que hay que desarrollar”, afirmó.

Aciertos y desaciertos

En ese marco, el experto señaló que el principal acierto es una iniciativa que acompaña la propuesta de reforma, referente a buscar que la educación superior sea un derecho fundamental.

“Esto sería un logro muy importante para el país, entender que la posibilidad que tienen los jóvenes después de egresar del colegio de tener alternativas para seguir estudiando para tener procesos de movilidad social para ayudar con su formación con el desarrollo de habilidades de capacidades de desarrollo para el país puede ser muy muy importante, así que este aspecto que acompaña a la reforma a la Ley 30 creo que es el principal acierto”, afirmó.

Al respecto, el director sostuvo que el simple hecho de intentar generar una reforma a la Ley 30 ya es un acierto.

“Esto es importante entenderlo porque la Ley 30 que data de 1992 respondió a la realidad de un país muy distinto al actual y sobre todo muy distinto al que está por venir. Las instituciones de educación superior y el sistema de educación superior deben adaptarse a lo que está sucediendo y a lo que viene. El fortalecimiento de la universidad pública que es una de las claves fundamentales de la reforma resulta muy importante para el país porque esta universidad es la puerta que tienen muchos jóvenes para poder desarrollar sus sueños para poder alcanzar unas metas que de otra manera no lo lograrían”, afirmó.

Señaló, además, que buscar una educación superior que reconozca la diversidad que tiene Colombia, regional, étnica y cultural es muy importante “para superar estos discursos hegemónicos que tenemos en términos educativos, donde esperamos que se desarrollen las mismas dinámicas, los mismos saberes, las mismas formas de pensar y de concebir la ciencia”.

Consecuentemente, agregó a los aciertos el buscar un sistema integrado que permita un avance progresivo de los estudiantes en los diferentes niveles educativos.

“Permitir ese reconocimiento de habilidades y de competencias a través de un marco nacional de cualificaciones, va a ser una muy buena oportunidad para que las personas puedan ir avanzando en sus procesos formativos, para que sus habilidades, conocimientos y saberes previos puedan serles útiles en el desarrollo de sus procesos de formación académica”, enfatizó.

En lo que respecta a los desaciertos, mencionó que uno de los que más se ha discutido en las últimas semanas ha sido el posible cambio de rol del Icetex en los procesos de financiación de la educación superior.

“Icetex ha venido siendo parte fundamental para que muchos jóvenes y muchas familias puedan optar por distintas universidades con cierto reconocimiento y calidad, principalmente en el sector privado. Si el Icetex no va a cumplir esas mismas funciones o lo va a hacer con menor cantidad de recursos, pues la posibilidad de que muchas de estas familias y de muchos textos jóvenes puedan acceder a las universidades y programas que desean va a ser más complejo. Este es un punto trascendental en el proceso”, indicó.

Explicó, igualmente, que con relación a los procesos de construcción de los gobiernos universitarios hay una posibilidad latente de que haya un atentado contra la autonomía universitaria.

“La autonomía universitaria es una lucha que las sociedades han tenido durante siglos y cualquier atentado que puedan sufrir esta autonomía puede resultar bastante peligroso para el sistema. Entonces que se establezcan requerimientos a través de la ley para que los gobiernos universitarios sean modificados puede resultar un posible atentado contra esta autonomía y debería ser revisado”, advirtió.

“Igualmente hace falta una perspectiva de un sistema de educación superior que integre tanto a las universidades públicas y a las privadas en un ecosistema de instituciones y de formación de educación superior. Si lo vemos con cuidado, se ha abierto un debate aparentemente entre los defensores de la educación pública y la educación privada cuando ambos sistemas pueden coexistir y lo ha demostrado tanto este país como muchos otros. El debate y parte del articulado ha generado un falso dilema entre lo público y lo privado cuando ambos sistemas pueden y han existido sin mayor problema. Lo que tenemos que buscar es esa coexistencia con calidad de ambos tipos de educación con muy fuertes universidades, tanto en el sector público como en el sector privado, pero no podemos caer en ese falso dilema de escoger entre uno de los dos sectores porque no es así”, agregó.

Finalmente, sostuvo que no es claro cómo se financiarán las instituciones públicas para cumplir los retos que se propone el Gobierno Nacional ni cuál será el origen de los recursos que garanticen el derecho a la educación superior.