Fue destituido e inhabilitado por once años para ejercer cargos públicos el alcalde de Girardot, Cesar Fabián Villalba, después de que la Procuraduría encontrara irregularidades en un contrato de más de $126 millones.

Dicho convenio tenía por objetivo “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, para la concentración, socialización, preparación, formulación, ajustes y adopción del plan de desarrollo” y el plazo para su ejecución era de 180 días. 

No obstante, el Ministerio Público se percató que para la fecha de celebración del contrato, la firma no contaba con los requisitos exigidos por la ley, ni la experiencia necesaria para ejecutarlo. 

“La empresa contratista no contaba con experiencia relacionada, y tampoco se advirtió que los integrantes tuvieran conocimiento de las actividades objeto del contrato, acción con la que se vulneró el principio del debido proceso en los convenios de asociación”, señaló la Procuraduría. 

Por lo tanto para el ente de control, Villalba desconoció los principios de moralidad, igualdad y transparencia que rigen la función administrativa, falta calificada como gravísima a título de culpa gravísima.