La Contraloría de Bogotá identificó sobrecostos por más de $24 mil millones en el contrato de arrendamiento de la sede operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV) en la localidad de Fontibón, lo que suscitó preocupación y un llamado a la responsabilidad fiscal.
En un informe reciente, la Contraloría de Bogotá detalló que la UARMV pagó $31.899 millones en arriendos desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024, una cifra superior a los $7.720 millones que se debieron desembolsar según los precios de mercado. El hallazgo indica que los propietarios del predio inicialmente ofertaron el inmueble por $120 millones mensuales ($4.800 por metro cuadrado), pero el contrato final se cerró por $599 millones mensuales ($29.400 por metro cuadrado), a través de un gestor inmobiliario, lo que representa un sobrecosto del 300%.
El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, señaló que estos recursos, desviados por la mala gestión, podrían haberse invertido en la reparación y mantenimiento de las vías de la ciudad, objetivo principal de la UARMV. “Sin duda esos $24 mil millones de sobrecostos pudieron haberse usado en asuntos urgentes para la ciudad”, enfatizó Ruiz.
Además de los hallazgos específicos de la UARMV, la Contraloría reveló que otras ocho entidades del Distrito contrataron con la misma empresa de gestión inmobiliaria, arrendando al menos 49 inmuebles entre 2020 y 2024. Este dato motivó la apertura de una investigación más amplia para asegurar que no existan más casos de sobrecostos similares en otras dependencias.
Los hallazgos fuero remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, donde se iniciará un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) para recuperar los recursos públicos y sancionar a los responsables. La investigación continúa, con la Contraloría comprometida a garantizar la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos en Bogotá.
Este caso destaca la necesidad de una vigilancia más estricta en la contratación pública y subraya el impacto negativo que la corrupción y la mala administración pueden tener en la calidad de vida de los ciudadanos, evidenciando una vez más la crucial función de los organismos de control en la protección del patrimonio público.