Hasta ahora la Nación reconocía menos del 65% de ese dinero, ahora podrá cubrir el 100%

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Como una contribución al fortalecimiento financiero de las instituciones públicas de educación superior, al reconocerles los descuentos que se les otorga a los estudiantes cuando votan, es considerada la ley sancionada este fin de semana por el presidente Iván Duque.

Según la iniciativa, impulsada en el Congreso por la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, ambos del Centro Democrático, “el estudiante de la institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en los comicios realizados con anterioridad al inicio del respectivo período académico. Este descuento, se hará efectivo no solo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar”.

De la misma forma, el articulado indica que el Gobierno apoyará a las instituciones de educación superior oficiales “que realizan el descuento electoral con transferencias que reconozcan el monto total del descuento realizado por cada una de ellas, de acuerdo con los recursos apropiados en cada vigencia. El Gobierno nacional requerirá la información del valor de los descuentos de votaciones de las instituciones de educación superior que son establecimientos públicos del orden nacional y territorial”.

“Esta ley impactará de manera positiva los recursos de la educación superior pública, porque bajo el principio de equidad, les garantiza a todas, no solo a las universidades, el derecho al reembolso de los recursos que dejan de percibir por los descuentos que deben hacer a los estudiantes que presentan su certificado electoral”, aseguró la senadora Holguín.

Tras la aprobación de la iniciativa, el Ministerio de Educación a través de un comunicado, sostuvo que con la aprobación de esta “se da cumplimiento a dos de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional, los estudiantes y profesores en el mes de diciembre de 2018, lo que permitirá el reintegro por parte de la Nación, de hasta el 100% de los descuentos de matrículas que universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas dan a sus estudiantes sufragantes en los comicios de nivel nacional”.

Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, "agradecemos al Congreso de la República la aprobación de esta Ley que fortalece a las instituciones de educación superior públicas al reconocerles los descuentos que otorgan a los estudiantes que votan. Con esta medida llegarán más recursos para que las instituciones se fortalezcan".

A través de un comunicado, el Ministerio informó que a la fecha no existía ninguna norma que permitiera al Gobierno nacional compensar a las universidades los descuentos que realizaban a sus estudiantes sufragantes, pero que “desde 2009 se venían realizando giros parciales a favor de las universidades oficiales que cubrían un porcentaje cercano al 65% de los montos que estas dejaban de percibir por la ejecución del descuento. Con la aprobación de esta Ley, se reconocerá hasta el 100% de los descuentos realizados a todas las instituciones públicas de educación superior, monto que para el 2019 fue cercano a los $75.000 millones”.

Según el Ministerio, con esta iniciativa, el Gobierno nacional demuestra su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior pública honrando cada uno de los compromisos que ha venido suscribiendo y que canalizan recursos adicionales en el cuatrienio por más de $4,5 billones al sector; además, reafirma la convicción de que la construcción colectiva y la participación de todos los actores del sistema, es clave en la construcción de equidad.

Los congresistas Holguín y Espinal habían expuesto durante el trámite del proyecto de ley que pese a que la ley 403 de 1997 creó múltiples estímulos a los sufragantes, entre ellos un descuento del 10% en el valor de la matrícula para estudiantes que ejerzan el derecho al voto, las instituciones de educación superior “se han visto gravemente afectadas debido a que el Gobierno solo reintegra el valor descontado a las universidades públicas, excluyendo de dicho reintegro a las demás instituciones que tienen la obligación de realizar el descuento en virtud de la norma citada, como lo son las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, así como las instituciones técnicas profesionales. Es decir, que estas últimas realizan el descuento que por ley están obligadas a hacer, pero el Estado no les ayuda a tapar el hueco financiero que ello produce”.