Entrevista. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, hizo un balance de la nueva estrategia del Gobierno para controlar la migración.

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El Gobierno colombiano presentó este jueves 8 de febrero una serie de nuevas medidas para controlar la migración que está entrando desde Venezuela.

Una semana después, César Rojas, alcalde de Cúcuta, habló con la Agencia Anadolu sobre los desafíos que enfrenta su ciudad, a donde llega la mayoría de migrantes.

Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció nuevas medidas frente a la migración, ¿qué efectos se han visto en la frontera?

 

CÉSAR ROJAS: Se han tomado medidas distintas y hay algunos cambios. La mayor presencia institucional del Estado colombiano en la frontera ha sido importante para darles tranquilidad a los habitantes del área. Hay más efectivos para revisar el problema de los venezolanos que ingresan a Colombia sin ningún documento. Antes solo teníamos 20 funcionarios para atender entre 50.000 y 60.000 personas que ingresan diariamente. Ahora tenemos más y eso nos permite operar con mayor agilidad y hacer recorridos por Cúcuta y municipios como Villa del Rosario y Puerto Santander para detectar la entrada de venezolanos que vienen sin los documentos necesarios.

 

El presidente anunció que quienes no tienen pasaporte no pueden entrar. Se sabe que en Venezuela es complicado sacar el pasaporte. ¿Qué ha generado esa medida?

 

CR: Un día después del anuncio entraron alrededor de 42.000, de los cuales 25.000 eran totalmente venezolanos y 17.000 con doble nacionalidad. De todos estos, hubo aproximadamente 3.000 personas que no salieron de Cúcuta. Muchos otros pudieron ir al interior del país o salieron nuevamente hacia Ecuador, Perú u otros países que los acogen. Otros se quedaron acá unos días y luego retornaron.

 

Santos anunció que no se expedirá más la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). ¿Qué efecto tiene esto?

 

CR: La siguen teniendo los venezolanos para ingresar. Eso les da siete días de estadía solo en Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander; no pueden ir a otra ciudad de Colombia. Lo que pasa es que ya no se van a expedir más de esas tarjetas. Fueron 1.600.000 beneficiados. Ahora se va a hacer un censo. Los venezolanos tienen que acercarse a las Personerías y Defensorías de los municipios de todo el país. Deben ir todos: los que tienen pasaporte, TMF o los que no tienen nada. Así vamos a saber mejor cuántos son. Hasta ahora se ha estimado que, sumando venezolanos y colombo-venezolanos, pueden haber ingresado en total alrededor de un millón de personas.

 

¿Qué pasa con los venezolanos que entraron por pasos no oficiales y que están en Colombia en situación irregular? ¿Los deportan?

 

CR: No. La política que trazó el presidente consiste en dar hospitalidad y ser amables con los venezolanos. En eso trabajamos. Esta caracterización se hace para apoyarlos en educación y salud. En el campo laboral es más difícil garantizar trabajo para todos. Lo primordial es que necesitamos saber cuántos venezolanos están legal o ilegalmente, para poder atenderlos.

 

¿Qué pasa con el empleo?

 

CR: Es difícil garantizarlo para todos. En el caso de Cúcuta le he dicho abiertamente al presidente que primero tengo que arreglar la situación de falta de oportunidades laborales e informalidad en mi ciudad. Cúcuta ocupa el segundo lugar a nivel nacional tanto en desempleo como en informalidad. Si llegan más personas de afuera, la primera oportunidad cuando generemos empleo debe ser para los nuestros. Cuando uno le da un empleo a un venezolano, resulta que había cien cucuteños esperando ese puesto. Eso genera controversia, problemas y hasta más xenofobia.

 

¿Qué implica esta política de hospitalidad en materia de recursos y esfuerzo institucional para una ciudad fronteriza como Cúcuta?

 

CR: No tenemos muchas dificultades en ese sentido. En Cúcuta existe un hospital universitario, que es departamental. El Ministerio de Salud autorizó para que se atienda allí a todos los venezolanos y el Gobierno nacional asume esos gastos. En educación tenemos el corredor humanitario para niños venezolanos, que son recibidos y transportados a diferentes escuelas y colegios de Cúcuta. Eso también se hace con recursos que envía el Gobierno a la Secretaría de Salud del municipio. La alimentación que se les da a estos niños también se hace con recursos del gobierno central.

 

Hemos visto en algunos casos que quienes vienen por la frontera se han tomado espacios públicos de Cúcuta y esto ha generado problemas de convivencia, ¿cómo se va a solucionar este problema?

 

CR: Cuando comenzó el problema de la frontera fuimos un poco laxos en el asunto de los espacios públicos. Fue así como en el barrio Sevilla más de 900 personas se agruparon en un espacio público durante ocho meses. Luego la comunidad empezó a molestarse por varias cosas: se bañaban al aire libre, hacían sus necesidades allí, empezó a entrar el microtráfico de drogas.

 

Decidí darles un tiempo para que salieran voluntariamente e hicimos un censo de esas personas. Encontramos que de esas 900, había 120 con pasaporte que querían ir a otros países, pero no tenían recursos. Les dimos lo necesario para que emprendieran rumbo a esos países. También se detectó un grupo de niños por los que nadie respondía y se pusieron ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A las mujeres embarazadas las llevamos ante el servicio de salud. Atendimos los casos que pudimos. Al final, a los que quedaban tuvimos que pedirles que voluntariamente se fueran para su país. Los transportamos hasta el puente fronterizo para que lo hicieran.

 

Hay otros casos, pero no tan severos. Hay gente en algunos parques, en los andenes; otros trabajan informalmente y pagan una residencia que puede costar 5.000 pesos colombianos. Otros se unen y arriendan algunas casas. Hoy vemos que hasta 20 personas viven en una habitación. Hay casos problemáticos: cuatro venezolanos que vivían en el barrio La Victoria terminaron asesinando a la dueña de la vivienda que generosamente les había arrendado.

 

¿Hay un impacto real en la seguridad con la llegada de tantos venezolanos?

 

CR: Sí. En un Consejo de Gobierno que tuvimos este jueves vimos que viene subiendo el índice de delincuencia de venezolanos. Un análisis desde 2014 muestra que esto viene creciendo. Entre enero y febrero de 2018, el crecimiento ha sido mayor al que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Eso nos pone en alerta y nos exige tomar acciones para atacar esta situación. Vemos el modus operandi de la delincuencia venezolana: matar para robar. Y además de eso tenemos nuestros problemas internos de delincuencia: los grupos que están en la ciudad, las bandas criminales, etc. Las instituciones también hacen frente a esto.

 

Estos casos aislados suelen generar un fuerte rechazo hacia los venezolanos en general, como si toda la migración fuese una amenaza. ¿Se justifica?

 

CR: No. Es una minoría, aunque hace daño. Es cierto que con la xenofobia el atraco de un venezolano a un colombiano adquiere una magnitud grande en la opinión pública. Hay que dejar claro que estos delincuentes y asesinos son una minoría entre los venezolanos que están llegando. La mayoría es gente que padece necesidades y los debemos ayudar, así como los venezolanos ayudaron antes a más de cinco millones de colombianos que fueron a ese país. Tratamos de concientizar de esto todo el tiempo y a través de los medios de comunicación.

 

El presidente anunció más presencia de la Fuerza Pública. ¿Cómo se va a controlar una frontera de más de 2.200 kilómetros?

 

CR: Siempre hemos vivido el fenómeno del contrabando en la frontera. Hoy más, cuando el bolívar no vale nada, es muy atractivo para quienes contrabandean gasolina, ganado y diferentes productos que se consiguen subsidiados en Venezuela. Vienen a venderlos acá porque es mucho mejor ganar en pesos. La frontera es muy estratégica también para las estructuras delincuenciales que se dedican al narcotráfico. Cúcuta ha sido importante porque desde aquí buscan la salida a Venezuela, y desde allá buscan rutas hacia Europa y EEUU. Para combatir esto y hacer respetar la línea fronteriza es que pedimos la presencia de las fuerzas del Estado. No se trata de invadir Venezuela en ningún caso.

 

¿Algún ejemplo en el mundo ha inspirado estas nuevas políticas?

 

CR: Eso le compete al Gobierno nacional, que en efecto ha conocido y aprovechado experiencias de otros países como Turquía para mirar cómo es el manejo de los refugiados. Se han traído aprendizajes y recomendaciones. Dentro de las iniciativas, sin embargo, no hemos contemplado colocar campos de refugiados. En Venezuela no hay una guerra civil y no todos los que vienen son refugiados. Hay una crisis y falta de democracia. Hemos sido prudentes en eso. El presidente anunció que con apoyo de la ONU se abrirá un albergue máximo para 2.000 personas, pero es para que pasen unos días y encuentren la ruta para seguir legalmente a su destino. Ya en Cúcuta hay un par de centros de acogida que funcionan de manera similar.