César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, quien aceptó su dimisión. En la misiva, el exfuncionario alegó haber recibido amenazas a su vida, además de mencionar problemas de salud que lo llevaron a tomar esta decisión.

Por otro lado, el abogado se encontraba bajo el escrutinio público debido a su vinculación con presuntos actos de corrupción en la UNGRD, una entidad que ha sido objeto de investigaciones por desvío de recursos destinados a la atención de desastres en el país.

Desde agosto, la Fiscalía General de la Nación ha estado investigando a Manrique, situándolo en un organigrama que lo vincula con una red criminal que supuestamente desvió más de 100 mil millones de pesos de la UNGRD.

La fiscal delegada María Cristina Patiño declaró que "Manrique Soacha, junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría participado en la desviación de recursos que debían ser utilizados para la atención de emergencias". Esta situación ha llevado a la Fiscalía a evaluar la posibilidad de llamarlo a declarar.

Durante su gestión, había declarado en su posesión “con nuestro trabajo queremos reivindicar el valor de lo público y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado”.

Sin embargo, su nombre ahora se asocia con uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, donde varios funcionarios han sido señalados por su implicación en tramas de sobornos y malversación de fondos públicos.

Manrique, que asumió el cargo el 24 de agosto de 2022, fue uno de los primeros nombramientos del presidente Petro en su llegada al Palacio de Nariño.

Su renuncia se suma a la lista de funcionarios que han dejado sus puestos ante las acusaciones de corrupción que afectan al gobierno, entre ellos, Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, y Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia, quienes también han estado vinculados a este escándalo.