En el marco de una nueva sesión ayer de la Comisión Intersectorial del Plan de Acción Oportuna (PAO), la cual fue encabezada por el presidente Iván Duque, donde se evaluaron avances y resultados en la protección de líderes sociales, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que han podido identificar que la principal causa de la violencia es la disputa por las zonas del narcotráfico y la minería ilegal.

“Después de una revisión, se identifica que la principal causa de amenazas a los líderes sociales es la pelea por el control territorial de zonas de narcotráfico y explotación ilegal de minerales”, explicó la Ministra del Interior.

La funcionaria dijo sobre los crímenes de líderes sociales que “si bien es cierto que los 48 casos presentados en los tres primeros meses del año 2019 son preocupación del Gobierno, también es cierto que todas las entidades del Estado vienen actuando”.

En ese sentido agregó que se ha logrado un esclarecimiento cercano al 57% de los 48 asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de acción comunal y periodistas entre enero y marzo de este año.

Gutiérrez anunció que se fortalecerá la labor de los jueces para lograr mayor efectividad en la aplicación de justicia a los responsables de estos delitos.

La Ministra del Interior dijo también que “en las 21 visitas a territorio con el PAO, la comunidad nos ha pedido presencia de la Fuerza Pública por la inseguridad en la región, consecuencia de la pelea por el control territorial entre grupos armados ilegales”.

A finales de enero pasado y como parte del plan del Gobierno nacional en la lucha contra el crimen y para proteger la vida de líderes sociales, el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lanzaron una ofensiva para perseguir a los asesinos de líderes sociales y a los cabecillas de las distintas estructuras criminales.

Las acciones incluyen un plan de recompensas que van desde los $500 millones a los $4 mil millones por los criminales más buscados, y una fuerte exposición pública de los nombres, alias y fotografías de los responsables de asesinatos.

En noviembre pasado, en medio de la creciente espiral de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y voceros comunales, el presidente Duque puso en marcha el PAO para la protección de las personas que ejercen esta misión en el país.

El PAO se concibe como una serie de acciones articuladas que implementará el Estado con el propósito de dar respuesta a la situación de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, ante situaciones de cualquier riesgo que se originen en el territorio colombiano.

Flagelo no da tregua

A pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno la violencia contra líderes sociales se mantiene, al punto de que a principios de febrero pasado el defensor del Pueblo, Carlos Negret, reclamó mayor atención por parte de las autoridades a las alertas tempranas que emite su oficina sobre el particular.

“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los derechos humanos, eso es lo que ha sucedido”,

Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.

En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual sobre la situación en los países miembros de la OEA, manifestó su preocupación por la persecución que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, pero también en Nicaragua y Venezuela.

En relación con Colombia, la Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Estado en la creación del marco normativo y la puesta en marcha de la estructura institucional necesaria para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, pero, a su vez, reiteró su “profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales”.

El presidente Duque encabezó ayer la sesión del PAO para establecer los avances en la política de protección a líderes sociales.