La realidad que vive el país “inundado en coca, sobre todo en la zona fronteriza” obligaría a pensar en un nuevo método para acabar con los cultivos ilícitos, advirtió ayer el procurador general Fernando Carrillo.

“Si de aquí en adelante, como parece que está sucediendo, no ha funcionado la estrategia, pues hay que darle una última oportunidad a esa política de sustitución o habrá que pensar en otras soluciones”, sostuvo.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO en su edición de ayer, importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución enfrenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos.

Entre los datos preocupantes, está que de las 62.182 familias que ya erradicaron sus cultivos ilícitos, solo 7.009 (el 11%) cuentan con planes de asistencia técnica.

La alerta fue lanzada el martes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al divulgar su cuarto informe de monitoreo y análisis, titulado ‘¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?’, en el que advierte que dichos rezagos dejan serias dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir con lo acordado con las Farc. La FIP aclaró que el informe se propone monitorear, pero evaluar, el estado de avance del Programa.

Frente a la posibilidad de que Colombia no cumpla la meta de sustituir 50.000 hectáreas sembradas con mata de coca, el procurador Carrillo advirtió que el aumento de estos cultivos ilícitos está generando crimen organizado, presencia de grupos armados ilegales, carteles internacionales y un deterioro en la ética y la moralidad pública.

“Donde hay carteles, crimen organizado, poca presencia del Estado, por ende, la corrupción campea”, agregó.

Incumplimiento

Precisamente hoy, en el salón Luis Guillermo Vélez del Capitolio Nacional, se realizará la audiencia “Estado de la implementación de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y tratamiento penal diferenciado”.

El encuentro fue citado por los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda junto al representante por Bogotá, Alirio Uribe, todos del Polo Democrático Alternativo, con el fin de conocer el estado de la implementación de los programas acordados para desarrollar el punto 4 del Acuerdo de Paz.

La audiencia pública citada por los congresistas espera contar con la participación de diversas organizaciones campesinas, afrocolombianas, cocaleras, étnicas y de mujeres de los distintos territorios, junto a académicos, ONG y funcionarios del Ministerio público, la Defensoría del pueblo, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y delegados de los países garantes del Acuerdo de Paz con las Farc.

“Nos preocupa la forma como se ha venido implementando la política de sustitución de cultivos de uso ilícito; sigue primando el enfoque de guerra contra las drogas, tratando como delincuentes a los pequeños productores que son en su mayoría campesinos, mujeres, indígenas, afros y jornaleros”, dijo el senador Castilla al respecto.

Seguridad

Por otro lado, como se ha denunciado reiteradamente -no solo las organizaciones sociales sino también las instituciones que hacen labores en el territorio-, preocupa la seguridad de las comunidades y los líderes que vienen impulsando la sustitución voluntaria.

Sobre esto, el senador Cepeda afirmó que “a la fecha se han conocido más de 22 denuncias sobre amenazas, hostigamientos y asesinatos en los territorios; para que estas políticas tengan éxito la Procuraduría, la Defensoría del pueblo y el Ministerio del Interior deben velar por una política integral y colectiva que dé garantías para la implementación de estos programas”.

Tras conocer las cifras publicadas por la FIP en el documento ya citado y el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU, se evidencia un cumplimiento que no supera el 50% en los seis componentes del Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de usos ilícito.

Al respecto el representante Uribe mencionó que “las comunidades deben contar con planes que garanticen una alternativa real para su supervivencia, que incluya incentivos para impulsar nuevas actividades económicas e infraestructura digna para comercializar sus productos”.

Se espera que con la audiencia se ponga en conocimiento público las formas en que el Gobierno nacional viene respetando el espíritu general del punto 4 del Acuerdo, se le brinde tranquilidad a las comunidades y organizaciones sociales que están preocupadas por su seguridad y se busquen rutas que garanticen el cumplimiento de los compromisos en cuanto a presencia institucional, vías terciarias y proyectos económicos para solucionar a largo plazo la problemática.