Ayer se radicó ante el Concejo de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, un documento conformado por 565 artículos que será estudiado y analizado por los 45 cabildantes para su eventual sanción.

“Hoy entramos al debate definitivo del POT, la hoja de ruta del futuro de la ciudad que se debe revisar según la ley cada 12 años. Llevamos tres años consolidando una propuesta que se ha hecho con mucho cuidado y hoy la presentamos al Concejo”, puntualizó ayer en horas de la mañana el secretario de Planeación, Andrés Ortiz.

Esta trascendental hoja de ruta en la que la Administración se plantea el POT para los próximos años, ha sido ampliamente discutida por la opinión pública y a partir de hoy entra en su recta final, ¿cómo fue su proceso de elaboración y cuáles son sus puntos clave?

Cifras poblacionales

Este POT responde a las necesidades de vivienda de la ciudad. Esto no solo depende del crecimiento poblacional, sino también de la migración, la reducción del tamaño de los hogares, el déficit de vivienda y la sustitución del proceso de construcción vertical informal de vivienda, entre otros. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el POT busca frenar el fenómeno de expulsión de ciudadanos a vivir en la Sabana.

La ciudad debe responder a la demanda de vivienda insatisfecha de personas que trabajan o estudian en Bogotá y que su única alternativa para adquirir vivienda subsidiada es irse a vivir en la Sabana. Vale recordar que, en promedio, en los últimos años en la ciudad se han construido entre 30 y 40 mil viviendas formales por año, se han construido de manera informal más de 19 mil viviendas al año, lo que nos da una producción real de vivienda en la ciudad, cercana a 56.000 unidades al año.

Enfoque diferencial

Esta propuesta de POT es incluyente, con enfoque diferencial y toma en cuenta la diversidad poblacional. En lo referente a planeación urbana en temas de edificabilidad, zonas de expansión y renovación urbana, exigencias de espacio público, movilidad, vías, se trabajó de una manera universal en beneficio de todas las poblaciones y con especial cuidado en las poblaciones más vulnerables.

Proceso de participación

Esta propuesta de POT contó con uno de los procesos de participación más amplios y ambiciosos que se haya hecho en Colombia. Más de 30 mil ciudadanos participaron en las reuniones de socialización y se recolectaron más de 20.000 aportes que fueron recogidos no solamente en espacios presenciales en todo el territorio del Distrito capital, sino a través de canales institucionales como derechos de petición, correo electrónico, entre otros.

Atendiendo los aportes de la ciudadanía se incluyeron en la propuesta POT ajustes como: la eliminación del área de actividad múltiple, en muchos de los barrios residenciales, concentrando esta posibilidad únicamente sobre los ejes comerciales establecidos actualmente, y se les asigna el área de actividad residencial con un límite máximo de pisos, de acuerdo con las zonas urbanas homogéneas.

Legalidad del proceso

El proceso de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial ha dado estricto cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley. Asimismo, la Administración Distrital en este proceso ha sido respetuosa de las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la Ley, los decretos reglamentarios aplicables, las determinantes ambientales emitidas por las autoridades competentes y los fallos expedidos por los jueces de la República en lo correspondiente.

Es importante aclarar que las decisiones tomadas por la Administración distrital están dirigidas a la búsqueda del interés general y se encuentran sustentadas técnica y jurídicamente, sin obedecer a decisiones particulares o arbitrarias.

Modelo de ocupación

El POT propone un balance entre la renovación urbana y la expansión densa, compacta y cercana, que evite que se sigan expulsando ciudadanos y la ocupación desmedida en baja densidad sobre suelos con valor ambiental de la Sabana.

Por eso planea una expansión hacia el norte de la ciudad, a través de proyectos como Lagos de Torca y Ciudad Norte que obliga a que por lo menos el 40% del suelo sea destinado a viviendas de interés social y prioritario, con equipamientos, infraestructura de servicios públicos, transporte público masivo y con el doble del espacio público efectivo por habitante que existe hoy en la ciudad.

El POT promueve la renovación de áreas estratégicamente localizadas en zonas en las que la mayor cantidad de personas, de todos los ingresos, adquieran vivienda en donde el transporte público masivo y el espacio público de calidad lo permitan.

“Esto no significa que usos de alto impacto estén permitidos en todas partes; o que en barrios residenciales se puedan tener talleres o bares. Por eso el POT trae un cuadro muy completo y exigente sobre las medidas de mitigación. Y hay una medida fundamental a este respecto: la de localización”, precisó el Secretario.

Sobre este respecto, que ha despertado ampolla, ayer el Secretario volvió a aclarar que este POT acoge a cabalidad la sentencia del Consejo de Estado que se dio duraste la vigencia del POT anterior. “Esta sentencia definió una franja que va de norte a sur (lindero entre la ciudad y la reserva de cerros orientales) y el POT la deja como área protegida y parte de la estructura ecológica principal. En otras palabras, nada distinto a lo que definió el Consejo se podrá hacer”, puntualizó.

Gestión del riesgo y cambio climático

El Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C. 2018-2030, que reemplazó el aprobado para el periodo 2015-2050, actualizó su contenido a las determinantes de superior jerarquía que sobre cambio climático se adoptaron en la Ley 1931 de 2019 y en la política nacional de Cambio Climático de 2017, condiciones que ameritaban su ajuste.

En este sentido, se encuentra que su actualización se elaboró cumpliendo con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional, cuya metodología y decisiones normativas fueron concertadas con las autoridades ambientales.

Las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático se incorporan en el contenido estructural del POT para generar normativas y proyectos específicos que concluyan en acciones concretas en el territorio.