En 2026, justicia penal militar tendrá sistema acusatorio: Rodríguez | El Nuevo Siglo
José Reyes Rodríguez, director de la Justicia Penal Militar y Policial, habló de los logros del tribunal en los últimos años. / Suministrada
Domingo, 22 de Diciembre de 2024

EL NUEVO SIGLO: Doctor Rodríguez Casas, ¿cuál es el balance de las investigaciones en la Justicia Penal Militar y Policial?

JOSÉ REYES RODRÍGUEZ CASAS: Tenemos rendimientos en materia de productividad en la prestación de los servicios judiciales, le puedo decir, que es excepcional. Nuestra dinámica se da en torno a la terminación de un sistema procesal de corte inquisitivo y el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de otro de corte acusatorio.

Uno de nuestros retos, justamente, es terminar y liquidar al primero, el inquisitivo, e ir creciendo con el otro, el sistema oral acusatorio, bajo dos conceptos fundamentales: el cumplimiento de los términos y la calidad de las decisiones judiciales.

El cumplimiento de los términos en el primero, el inquisitivo, significa regularizar todos los casos y liquidar ese sistema lo más pronto posible. Proyectamos que termine en el año 2026. Y en el otro, mantener bajo control los términos del sistema penal acusatorio.

ENS: ¿Las cifras?

JRRC: En el año 2022 se recibieron por sistema inquisitivo 20.774 casos. De ese año al mes de octubre del 2024 se recibieron 14.003 nuevos procesos. Es decir, la sumatoria da 34.777 casos, con unas salidas de 23.051, es decir, del 66 %. Con un resultado de este corte de 11.726 casos.

ENS: ¿Los retos?

JRRC: Nuestro reto es que de estos 11.726 procesos, más los que vayan llegando por reparto en estos próximos meses y años, concluir o llevar a su mínima expresión el sistema inquisitivo de la Justicia Penal Militar en el año 2026.

Antes nos habíamos planteado una meta un poquito menos ambiciosa, pero viendo los rendimientos que se han logrado en estos meses, creemos que la podemos estrechar, porque antes habíamos dicho que íbamos a terminar en el 2028, hoy ya podemos decir que podemos aventurarnos a que lo vamos a hacer en el 2026.

Simultáneamente decía que va creciendo el acusatorio, entonces podemos señalar hoy que se han recibido 5.526 casos, han salido 2.793, lo que significa el 50 %, y tenemos un total de 2.733. Esto en la medida en que se va implementando paulatinamente el sistema penal acusatorio.

ENS: ¿Qué falta?

JRRC: Vamos por la tercera fase. Nos queda pendiente la cuarta para que comience a regir el primero de julio del 2025. La primera fue en Bogotá, la segunda en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Boyacá. Y la tercera comenzó el año pasado en todos los departamentos de la costa, incluido San Andrés, y después Antioquia, Chocó, Santander y Norte de Santander.

El reto del próximo año es implementar la cuarta fase en los departamentos que integran la Orinoquía y la Amazonía, con unos centros de servicios centralizados en Villavicencio, en el Meta, y en Florencia, en el Caquetá. También se contará con otras sedes en diferentes ciudades que generen la demanda de justicia más importante.

ENS: ¿Cuáles son los principales cambios en esta transición?

JRRC: Ha habido necesidad de generar cambios particularmente en la manera de trabajar, de pasar de un expediente, de pasar de un trabajo más o menos secreto, quizás opaco, a uno de apertura a la ciudadanía en audiencias públicas para maximizar el concepto de auditoria en la función judicial. Ese es un cambio radical que implica para todos los funcionarios una modificación en el chip de cómo se venían haciendo las cosas antes y como se deben hacer ahora.

Es fundamental el trabajo de capacitación en la nueva forma de trabajar que nos permita maximizar los recursos y los tiempos, que nos permita adelantar investigaciones robustas en cortos tiempos, cumpliendo estrictamente todos los procesos, y adelantar los juicios en las mismas condiciones, con plenas garantías y con decisiones de calidad cumpliendo los términos legales, porque ese es uno de nuestros retos.

ENS: ¿Cómo logramos que en la Justicia Penal Militar y Policial los términos se cumplan rigurosamente?

JRRC: Si la ley creó términos es para cumplirlos y en eso nos estamos esforzando, que ninguno de los casos se salga de control y se salga de los términos, sino que todos puedan ser llevados bajo el concepto de regularidad, y eso implica decisiones de calidad dentro de los términos legales para llevar los procesos de legitimación de las propias fuerzas ante la sociedad.

Que la sociedad quiera a sus Fuerzas Militares como a la Policía Nacional, porque encuentra que cualquiera disfunción que se dé dentro de las mismas instituciones es tramitada y se tiene la sanción correspondiente.

ENS: ¿La ciudadanía puede confiar en que sí hay justicia?

JRRC: Claro que sí, se les puede decir a los colombianos que sí hay justicia militar y policial. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para que además esa justicia sea dentro de los términos legales.

Reitero que implica hacer investigaciones robustas de buena calidad que nos permitan, si es el caso, hacer las imputaciones y acusaciones de manera rápida o en su defecto archivar también las investigaciones o cesar procedimientos, que esto también es hacer justicia.

ENS: ¿Cómo está la Justicia Penal Militar y Policial en materia de tecnología de punta?

JRRC: Se están haciendo unos esfuerzos importantes con el propósito de ponerlas en la vanguardia en lo que es instrumentos y tecnología para mejorar la investigación criminal.

Eso implica unidades móviles muy bien dotadas que llevan implícitos algunos factores de laboratorio y de otros que facilitan la investigación en el campo, en el área de los hechos. Y también contamos con muchas otras herramientas que permiten desarrollar más rápidamente actividades de investigación para que verdaderamente podamos cumplir los términos.

ENS: Con todos estos procesos, ¿las audiencias ahora son públicas?

JRRC: La implementación del sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial implica que las persona, quien sea, quien tenga interés, incluso los mismos periodistas, puedan incorporarse a las salas de audiencias y presenciar todas las acciones que allí se desarrollan o pedir a través del Centro de Servicios Administrativos los links que permiten conectarse y estar al tanto y hacerles seguimiento a todas las audiencias. Es la participación de la ciudadanía en la administración de justicia castrense y policial.

ENS: ¿En qué delitos incurren los militares y los policías?

JRRC: Hay delitos recurrentes. Por ejemplo, en la Policía Nacional se dan mucho las lesiones personales y en las Fuerzas Militares se dan mucho las deserciones, el ataque al inferior, el ataque al superior, delitos de centinela y también lesiones y homicidios.

ENS: ¿Qué fuerza tiene más casos en investigación?

JRRC: Es una dinámica que se comparte tanto en el régimen inquisitivo como en el acusatorio, uno que se está clausurando o cerrando y otro que está naciendo. Pero, por ejemplo, para el régimen de Ley 522, o sea el sistema inquisitivo, la fuerza que tiene más casos es el Ejército Nacional.

A octubre de este año tenía 5.982 en ese régimen, le sigue la Policía Nacional con 4.283, en tercer lugar la Armada Nacional con 994 y en cuarto lugar la Fuerza Aeroespacial Colombiana con 466, para un total de 11.726.

Más o menos las mismas proporciones se dan en el sistema acusatorio. Hay una mayor proporción de casos en el Ejército Nacional, le sigue la Policía. El Ejército más o menos cubre el 55 % de las demandas de justicia, la Policía un 40 % y entre las otras dos fuerzas se reparten el remanente.

ENS: ¿Se trabaja para que dentro de las Fuerzas Armadas se evite la comisión de delitos?

JRRC: El sistema acusatorio permite que todos los uniformados estén al tanto de las audiencias; inclusive, en algunos sectores los comandantes forman a sus soldados, suboficiales y oficiales, en sus establecimientos, y ellos presencian las audiencias para generar como una prevención: "esto te puede pasar si incurres en tal conducta".

ENS: ¿Hay beneficios?

JRRC: En Justicia Penal Militar y Policial se sigue el mismo régimen de la justicia ordinaria en materia de preacuerdos y negociaciones, pero no tenemos principio de oportunidad por el momento.