La Procuraduría General de la Nación publicó la segunda parte de “El Poder de la Ciudadanía”, un libro que recoge 19 historias de temas sensibles para el país, en los que ha intervenido ese órgano de control. Nueve entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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Cuando se publicó el primer volumen de “El Poder de la Ciudadanía”, en abril del 2019, existía en la Procuraduría General de la Nación la firme convicción de que el país iba a comenzar a superar temas tan difíciles como el asesinato de líderes sociales y la depredación de valiosos ecosistemas por cuenta de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal y de la tala desenfrenada de los bosques.

Pero no fue así. La recolección de información para escribir la segunda parte de “El Poder de la Ciudadanía” comenzó en medio de las noticias de ataques y de las amenazas contra líderes comunitarios en todo el país, incluso contra algunos que fueron entrevistados en los años 2018 y 2019 para ese primer libro.

También continuó la devastación de selvas y ríos. Y poco después se vino el estallido ciudadano de inconformidad, que desembocó en el paro del 21 de noviembre, y la ola de protestas ocurrida en las semanas siguientes.

Frente a este panorama, “El Poder de la Ciudadanía II” señala en el prólogo: “La Procuraduría General de la Nación entiende que se trata de un movimiento de inconformidad que se realiza en ejercicio del artículo 37 de la Constitución de 1991” y que, como tal “hay que entenderlo como el nacimiento de una nueva ciudadanía. Hemos dicho que esta generación que está entrando en la vida pública -el alma de las protestas- cree en la protección del ser humano, del medio ambiente, de los derechos de los demás y de los bienes públicos”.

Justamente, algunos de esos temas sentidos por los colombianos son los que nutren el libro “El Poder de la Ciudadanía II”, el cual está dividido en tres capítulos: Defendamos la vida, ¡Salvemos el agua! y escuchemos las voces ciudadanas.

En el primer capítulo se resalta el trabajo que realiza la Procuraduría General de la Nación en Ciénaga del Opón, un municipio de Santander, cuya comunidad, gracias al acompañamiento del Ministerio Público, ha comenzado a resurgir después de haber soportado las amenazas, la muerte y el exilio por causa de los actores ilegales del conflicto armado.

Así mismo, se resalta la defensa que ha realizado el Ministerio Público de los mecanismos de autoprotección creados por las comunidades que habitan en zonas de conflicto para salvaguardar a sus líderes, pero también a sus ríos, selvas y montañas ante el embate de los depredadores que pretenden arrasar con sus territorios. Así, les contamos sobre la resistencia de la Guardia Indígena o Kiwe Tecgnas -defensores del territorio- en el norte del departamento del Cauca; sobre la Guardia Cimarrona o Kekelo Ri Tielo Prieto, en esa misma región; y sobre la Guardia Campesina del Catatumbo, donde han arreciado la presencia y las acciones de grupos armados ilegales en las últimas semanas.

Tanto en ese primer capítulo del libro, como en sus actuaciones diarias, la Procuraduría General de la Nación insiste en la necesidad de crear mecanismos que eviten la estigmatización de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos y de las autoridades étnicas. Se busca, de esa manera, ponerle freno a buena parte de las amenazas y de los ataques contra estas personas, cuyas actividades en favor de sus comunidades ayudan a fortalecer la democracia, a garantizar los derechos individuales y colectivos así como a estabilizar la gobernabilidad de los mandatarios locales y regionales.

Llamado de atención

En el segundo capítulo se hace un llamado de atención a las entidades encargadas de la defensa del medio ambiente, se cuenta cómo se logró la declaración de los ríos Otún (en Pereira) y Quindío (en Armenia) como sujetos de derecho y cómo el crecimiento desbordado estas ciudades afecta las condiciones ambientales de esos dos importantes afluentes y pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes que se sirven de sus aguas.

Igualmente, se cuenta sobre las amenazas a los páramos y a la selva amazónica, y sobre la labor realizada en Cartagena y Santa Marta para frenar la contaminación de su riqueza hídrica.

El tercer capítulo recoge las voces de la ciudadanía, desde diferentes perspectivas, y visibiliza la labor de la Procuraduría General de la Nación con el propósito de generar una ética pública y prevenir la afectación a los derechos de los colombianos.

Desde ese punto de vista, el libro cuenta cómo se desarrolló la labor que ese órgano de control emprendió para lograr el traslado de las internas de la cárcel de mujeres de Cartagena a una nueva edificación, debido a que el deterioro de la antigua sede amenazaba de forma grave su integridad y su calidad de vida.

También se resalta aquí la labor de los funcionarios que vigilaron el desarrollo de la jornada electoral en Soledad, Atlántico, un municipio donde funciona el llamado chocorazo electoral. Allí ocurren situaciones desconocidas en otras partes del país, como las filas hasta de tres mil personas, desde las cinco de la mañana, en las puertas de los puestos de votación. Todos con camisetas de un mismo color y con una boleta para recibir luego la recompensa por su voto.

Así mismo, se cuenta cómo llegaron a una conciliación en la Procuraduría General de la Nación los abogados de James Rodríguez y de un médico que había dado algunas declaraciones sobre el comportamiento de la estrella de la selección Colombia y que fue demandado por los apoderados del futbolista.

Reforma a la justicia

El tema de la reforma a la justicia también hace parte de este capítulo. Durante varios meses se han realizado encuentros con profesionales, estudiantes, amas de casa y otras personas para escuchar sus inquietudes sobre la forma cómo se administra la justicia en Colombia y qué propuestas tienen para mejorarla.

Este libro es un llamado a toda la ciudadanía a conocer y profundizar en temas trascendentales para el país. Son asuntos en los cuales la Procuraduría General de la Nación ha puesto su empeño por considerarlos de vital importancia para el desarrollo de una democracia saludable. Pero el esfuerzo institucional no es suficiente sin el compromiso de todos los colombianos con la defensa de los derechos y la salvaguarda de los recursos públicos.

* Editor de El Poder de la Ciudadanía II