La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez manifestó que el Gobierno se encuentra a la expectativa del pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la petición que le hizo de flexibilizar al menos uno de los seis requisitos que estableció en una sentencia para poder reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos.

De esta forma la administración Duque espera enfrentar con todas la herramientas la lucha para disminuir los sembradíos de coca se estiman en al menos 210 hectáreas.

EL NUEVO SIGLO conoció que la sala plena de la Corte Constitucional está a la espera de un proyecto de fallo para su deliberación, que en los próximos días estaría radicando el magistrado Alberto Rojas, en donde según la presidenta del alto Tribunal, magistrada Gloria Ortiz, tienen un ‘portafolio’ de alternativas muy amplio, existen “todas las posibilidad de fallo”.

Es decir, la Corte bien podría no pronunciarse y dejar las cosas como están, o después de una amplia deliberación podría emitir una sentencia modulada, o autorizar al Gobierno del presidente Iván Duque.

Rojas Ríos viene trabajando en este fallo que debe producir la Corte frente a la solicitud que hizo la administración de Iván Duque para que le permita reiniciar las fumigaciones aéreas con glifosato sin la exigencia que previamente demuestre que no produce ningún daño al medioambiente ni a la salud, pues el Ejecutivo dice que esto es imposible de cumplir.

En diciembre pasado la ministra de Justicia, Gloria Borrero, dijo que “hay una sentencia de la Corte Constitucional que no prohíbe la aspersión aérea con esa sustancia si se cumplen seis condiciones, pero las cinco primeras son cumplibles, la sexta es imposible de cumplir: que se demuestre que no produce ningún daño ni al medioambiente ni a la salud”.

Borrero explicó que “como no hay certeza científica porque la mayoría de los estudios unos dicen que sí y otros que no, hacen imposible el uso de esa sustancia. Incluso haría imposible conceder cualquier licencia ambiental porque también una licencia ambiental produce daño al medioambiente. Lo que uno tiene que hacer es mitigar ese daño”.

Las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos de coca fueron suspendidas en 2015 por la administración Santos por razones de precaución por los eventuales efectos de este herbicida en la salud humana y el medioambiente, tras conocerse alertas en ese sentido por parte de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente la Corte a través de la sentencia T-236 de 2017 estableció los requisitos para el gobierno que quisiera reactivar las fumigaciones aéreas.

La respuesta de la Corte a la solicitud del Gobierno de que le permita fumigar nuevamente se da en un momento en que las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en materia de narcotráfico están en un punto de alta tensión por la presión que le ha impuesto Donald Trump a la administración de Iván Duque para que muestre avances significativos en la reducción de los cultivos.

En marzo pasado, Trump dijo que “está entrando más droga” de Colombia desde que Iván Duque es presidente. Añadió del Mandatario colombiano que es “realmente un buen tipo”, aunque dijo que “no ha hecho nada por nosotros”.

De igual forma se espera el próximo mes que salga a la luz pública el informe de la Oficina para Política Antidrogas de la Casa Blanca sobre cultivos ilícitos y producción de cocaína, el cual el año anterior reveló que los sembradíos de coca en Colombia llegaron a las 209.000 hectáreas en 2017.

Corte: qué se puede esperar

En el marco de la visita que adelanta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a Washington pidió a la Corte Constitucional que no ponga “condiciones imposibles” para restablecer las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato a los narcocultivos.

“Estamos pendientes de que la Corte nos facilite las cosas sin poner condiciones imposibles como que haya pruebas 100% de que (la fumigación) no causa efectos a la salud. Si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma”, dijo la Vicepresidenta.

Como se dijo, la Sala Plena de la Corte está a la espera del proyecto de fallo que presente Alberto Rojas sobre esta solicitud del Gobierno en este sentido, para lo cual este magistrado está nutriendo su ponencia en parte con los argumentos que se presentaron en la audiencia pública que convocó el pasado 7 de marzo, en la cual el Gobierno, en cabeza del presidente Duque, esgrimió que necesita las fumigaciones aéreas porque los cultivos ilícitos afectan el orden público, la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En tanto que algunos expertos y ONG pidieron a la Corte mantener los requisitos de la Sentencia T-236 de 2017 para que el Gobierno pueda reactivar las fumigaciones, esto por motivos de precaución ante los resultados de algunos estudios científicos los cuales concluyen que existe relación entre la exposición al glifosato y el cáncer.

En esa oportunidad el expresidente Santos dijo que “la única forma efectiva y duradera de combatir la producción de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal”.

Previo a la citada audiencia, la Presidenta de la Corte advirtió que “la sala plena en su momento definirá si adopta decisiones o no en este tema”.

Añadió en esa ocasión la magistrada Ortiz que “ahora la Sala Plena adoptará la decisión que considere, y lo hará por mayorías: bien hacer un seguimiento pasivo a la sentencia T-236 de 2017, mantenerla como está o revisar sus alcances”.

Sin embargo, el alto Tribunal también tendrá en cuenta otros aspectos jurídicos determinantes: los tratados internos y externos de protección de los derechos humanos amparados en la Sentencia, y el bloque de constitucionalidad.

Claro, la magistrada Ortiz advirtió que el seguimiento a las sentencias también tiene un límite pues no se trata de “modificar sentencias o simplemente dejar de cumplir esta sentencia”, dijo.