LA MOROSIDAD promedio en el sector educativo oscila entre el 10% y el 25% en el pago de pensiones en colegios y universidades, variando según la región y la situación económica de las familias, con la inflación y el desempleo como factores determinantes, de acuerdo con Upago.
En promedio, las instituciones educativas pueden tardar entre 3 y 6 meses en recuperar los pagos atrasados, aunque este tiempo puede fluctuar dependiendo de las políticas internas de cobranza, la capacidad de pago de las familias y las estrategias empleadas para la recuperación.
De acuerdo con Patricia Badillo, key account manager de Upago, “la implementación de tecnología en el proceso de cobranza puede reducir el porcentaje de morosidad entre un 15% y un 30% dependiendo de la naturaleza de la institución, el tipo de tecnología adoptada y la capacidad de gestión”.
El uso de la tecnología se vuelve cada vez más necesario en el sector educativo, ya que la digitalización y automatización de los procesos administrativos permiten gestionar las instituciones de manera más eficiente, liberando tiempo y recursos para la enseñanza de los alumnos. Esta digitalización también ayuda a reducir la morosidad en el pago de matrículas al facilitar el acceso a información, ofrecer múltiples métodos de pago y enviar recordatorios automáticos, mejorando así la comodidad y la transparencia.
“Las plataformas digitales han revolucionado el proceso de cobranza en el sector educativo, permitiendo a las instituciones reducir la morosidad al ofrecer opciones de pago flexibles y recordatorios automáticos, además de brindar visibilidad y control en tiempo real de los flujos de caja”, comentó Badillo.
Además, brinda opciones de pago flexibles y optimiza la conciliación, promoviendo hábitos de pago más responsables en la comunidad educativa. Actualmente, entre el 60% y el 80% de los recaudos en el sector educativo se realizan de forma digital, y se proyecta un crecimiento anual del 10% al 15% en los próximos cinco años.
“La inversión en tecnología se convierte así en un aliado estratégico para las instituciones educativas, facilitando no solo la gestión de recaudos, sino también la sostenibilidad financiera y la continuidad de programas de apoyo a estudiantes, como becas y ayudas”, aseguró Badillo.