Los principales tratadistas del desarrollo empresarial señalan que la estabilidad de los gobiernos corporativos es una prenda de garantía en las grandes compañías, ya sean públicas privadas, no solo porque esa circunstancia repercute en la marcha operacional sino porque al exterior de la misma transmite un mensaje de confianza y seguridad en el manejo del consorcio y el cumplimiento positivo de la hoja de ruta fijada.
Siendo Empresas Públicas de Medellín (EPM) una de las compañías más poderosas del país y una de las multilatinas de mayor proyección, es apenas claro que el hecho de haber tenido ya cuatro gerentes en menos de año y medio no es un hecho positivo.
Ayer el ingeniero Jorge Andrés Carrillo, ex viceministro de Aguas y exsuperintendente delegado de Servicios Públicos, fue designado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como nuevo gerente general de EPM. Es el cuarto en ocupar ese importante cargo en apenas 16 meses.
Como se sabe, el 21 de febrero pasado se le aceptó la renuncia de Álvaro Guillermo Rendón, quien había llegado al cargo en enero de 2020, en reemplazo de Jorge Londoño de la Cuesta. En medio de la crisis del gobierno corporativo y la renuncia de varios integrantes de la junta directiva, Quintero, quien la preside, designó de manera provisional Mónica Ruiz, que hace una debía entregarle el cargo a Calderón, que también dio un paso al costado en menos de una semana.
Carrillo llega al consorcio después de que el lunes en la noche Alejandro Calderón desistiera de asumir la Gerencia General ante cuestionamientos respecto a su hoja de vida. No duró una semana en tan alto cargo.
En su carta de renuncia, Calderón indicó que teniendo en cuenta los hechos vividos "en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques en los que he respondido con altura, y reconozco están asociados a altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo".
Así las cosas, ayer se produjo un nuevo alud de reacciones reiterando que bajo la alcaldía de Quintero la estabilidad e imagen de EPM ha sufrido una alta afectación, sobre todo en cuanto a la ausencia de estabilidad en el gobierno corporativo.
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Nuevos peros
De hecho, el nuevo nombramiento no está libre de dudas. El representante por Antioquia, Jorge Gómez, del partido Dignidad, lamentó que el Alcalde “no conozca la ley. Artículo 79 y 102 de la ley 489 así como el artículo 10 del decreto 128, inhabilitan al señor Carrillo para asumir la gerencia de EPM, al ser parte de la Junta Directiva de la empresa”.
Para Gómez, “el afán es un mal consejero. Si se quiere un buen gerente para EPM, que sirva a la empresa y que actúe con independencia al alcalde Quintero, hay que hacer un proceso de selección público, abierto y transparente”.
También el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, cuestionó el nombramiento, argumentando que Carrillo, según sentencia del Consejo de Estado se encuentra incurso en la prohibición contemplada en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, al ser designado como gerente de la misma entidad donde se desempeñaba como miembro de la Junta Directiva, sin haber pasado un año del retiro”.
Frente a ello el alcalde Quintero respondió que “no les va a servir ningún gerente que no sea nombrado por ellos. Se van a tener que quedar esperando varios años”.
Gómez agregó que al menos Calderón “tuvo una gota de dignidad al aceptar que no era el hombre idóneo para ese cargo, pero desafortunadamente el señor Alcalde mantiene su actitud soberbia”.
Calificación
Este nuevo relevo se produce apenas unos días después de que la firma calificadora de riesgos Fitch anunció que le mantuvo la calificación BBB- a EPM, lo que, según se ha comentado en círculos empresariales de Medellín, habría alertado a algunos de los actuales integrantes de la Junta Directiva, luego que varios analistas les recordara que son responsables por lo que pase financieramente con la empresa, entre otras situaciones por las que eventualmente tendrían que responder. Incluso se dijo que al menos dos miembros habrían manifestado a círculos cercanos que están considerando la posibilidad de renunciar.
El lunes, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó que “la crisis de EPM no es un problema solo de Medellín y Antioquia, es un asunto nacional”, anotando que “la pérdida de grado de inversión golpearía la banca nacional, los fondos de pensiones, podría llevarnos a un apagón y aplaza la solución de la luz para el Caribe”.
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“EPM diversificó inversiones en Chile, Centro América, México, ganó grados (BBB+). Por problemas de Hidroituango su calificación bajo a BBB. Con renuncia de Junta Directiva la calificación quedó en BBB-, que es el límite inferior antes de perder el grado de inversión”, comentó Valencia, juzgando que “si EPM genera preocupación a las calificadoras de riesgo perderá el grado de inversión y sus bonos serán considerados de especulación, llamados bonos basura”.
Sin embargo, explicó la congresista, “las preocupaciones que hay sobre EPM no son financieras. Todas están concentradas en los problemas del gobierno corporativo. Recordemos que con la renuncia de la Junta Directiva perdió un escalón”.
“Los créditos de EPM en 76% son internacionales. La mayoría tienen cláusulas de aceleración: esto es que si EPM pierde el grado de inversión (que otorgan las calificadoras de riesgo) el crédito se hace exigible de manera inmediata”, recordó.
Añadió que “la declaración de default hace que todos los créditos se hagan exigibles”. También dijo que “con EPM en default no habrá recursos para terminar Hidroituango y por lo tanto estaremos cerca de un apagón a nivel nacional”; que “con EPM en default no habrá seguramente repartición de dividendos y, por lo tanto, Medellín se quedará sin los $1,2 o 1,5 billones que recibe al año”; que “con EPM en default no habrá recursos para Caribe Mar y por lo tanto, la crisis de la electricidad en el Caribe continuará”; que “con EPM en default habrá serios problemas para los fondos de pensiones y los 12 millones de colombianos afiliados a ella”; y que “con EPM en default habrán serios problemas para la banca nacional a la que es acreedora del 24% de sus deudas”.
En febrero, el expresidente Álvaro Uribe había advertido que "EPM es de Medellín, Antioquia y de 50 millones de colombianos. Agrupa a 47 empresas y suma un valor de 22 billones. Decisiones del alcalde sobre nombramiento o remoción de gerente, sin cumplir lo estipulado en el acuerdo corporativo, genera riesgos de reputación, crédito y valor".
En tanto que Federico Gutiérrez, antecesor de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, expresó que “cuidar a nuestra EPM es responsabilidad de todos. Los riesgos cada vez son más latentes. Es un patrimonio público no solo de los antioqueños, sino también de todos los colombianos. Han sido muchos años de esfuerzo de toda una sociedad y que no dejaremos perder”.
Así las cosas, se espera que Carrillo sí pueda asumir el cargo y EPM empiece a recuperar su ruta de estabilidad.