LA JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) dio por sentado en un Auto por la investigación que adelanta por ejecuciones extrajudiciales, que no ha habido en las fuerzas militares una política institucional para medir su eficiencia por el número de muertos ni instrucciones en ese sentido en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando se presentó el mayor número de casos de ‘falsos positivos’, como también se conoce este fenómeno en donde uniformados le quitaron la vida a cientos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.
Así lo indicó la JEP, que se creó por el Acuerdo de Paz para sancionar por justicia transicional los delitos más graves en el conflicto armado cometidos principalmente por las Farc, al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia entre los años 2004 y 2007.
“La política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala al interior de la Brigada IV, es una política de facto, es decir que no fue consignada formalmente en una ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares, de manera muy efectiva, en los teatros de operaciones militares. Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ni del Plan Patriota ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales”, fue clara la JEP.
Añadió que en el marco del discurso oficial del presidente Uribe sobre el propósito nacional de derrotar al terrorismo, “el documento oficial sobre la Política de Defensa y Seguridad Democrática se trazó como objetivo general hacer realidad el Estado de derecho en todo el territorio nacional. Se trataba de reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley, y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”.
Agregó que “este propósito fue traducido al lenguaje militar en el Plan Patriota, para la conducción conjunta de la ‘guerra irregular’ en Colombia (2002)”, que según su propia definición se constituía en el documento rector estratégico de las fuerzas militares para “solucionar el conflicto colombiano en el lapso de cuatro años” en el campo militar.
El Plan Patriota estableció como una de sus principales directrices que “todos los esfuerzos recursos acciones y tareas están orientados hacia el gran objetivo de ganar la guerra con una actitud estratégica, ofensiva y contundente, debidamente articulada con tareas de acción integral”.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática, así como el Plan Patriota hicieron explícita la importancia de definir y medir los resultados obtenidos con un sistema de seguimiento y evaluación, basado en indicadores de gestión y resultados, que permitiera entender los efectos de su implementación.
Respecto de la medición de los resultados operacionales, los documentos oficiales de políticas hablan tanto de “bajas”, como de “capturas”, “desertores” y “material de guerra recuperado o capturado”. El Plan Patriota establecía que “los éxitos en las operaciones se miden, antes que nada, por el alcance de los objetivos estratégicos”. Finalmente, el Plan Patriota advertía que se debía: “Desarrollar una acción conjunta integrada a escala estratégica, que permita consolidar los éxitos operacionales obtenidos, donde el número de bajas es importante, pero no determinante para la obtención de la victoria”.
Lo ocurrido en la Brigada IV
La JEP indicó que a pesar de no estar integralmente articulada y escrita en un solo documento formal como una ley, un decreto, un documento de planeación nacional o una directiva o resolución del nivel central de la jerarquía militar, “la política de facto de conteo de cuerpos fue una política muy clara y efectiva al interior de la Brigada IV”.
Explicó dicha Jurisdicción que ésta se articulaba, dictaba y transmitía cotidianamente por parte de los mandos militares. Mediante los incentivos positivos y negativos, “los comandantes dotaron a la política de facto de conteo de cuerpos de un poderoso músculo de acción que, efectivamente, condicionó la conducta individual y colectiva de las tropas desatando el patrón de conducta criminal de asesinar y desaparecer forzadamente personas en estado de indefensión para presentarlas como falsas bajas en combate”.