La Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte de la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., junto con otras entidades intervenidas, mediante el Auto 2025-01-062520 del 20 de febrero de 2025. Esta decisión permite avanzar en la devolución de los dineros captados de manera no autorizada.
En julio de 2023, la Supersociedades adoptó medidas contra la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S. por captación ilegal de dinero del público, a través de la Resolución 900-009121. Posteriormente, mediante el Auto 2023-01-587415, se ordenó la toma de posesión de la empresa, con el objetivo de devolver los recursos a los afectados.
Desde marzo de 2024, los intervenidos presentaron una propuesta de devolución voluntaria, la cual, tras cumplir con todos los requisitos legales, fue aprobada por el juez del proceso. Esto permitirá el reintegro de la totalidad de los recursos en un plazo de 36 meses.
Monto a devolver y probabilidad de pago
El Auto indica que hay 3.136 personas afectadas por un monto total de $83.196 millones. Sin embargo, los recursos actuales disponibles ascienden a $21.000 millones, lo que representa una probabilidad de pago del 25.24%. No obstante, con el plan de desmonte, se busca la recuperación total de los fondos a través de efectivo o adjudicación de bienes.
Fin de la intervención judicial
Con la aprobación del plan de desmonte, la medida de toma de posesión llega a su fin y se inicia la fase de intervención para la ejecución del plan. Esta decisión involucra a:
- Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S. (NIT 901.023.130-7)
- Carlos Alberto Montoya Bustamante (ex representante legal)
- SUBASE S.A.S. (NIT 900.934.913-2)
- MONTSER 13 GROUP S.A.S. (NIT 901.613.269-3)
- Lina María Serna Aristizábal (ex representante legal)
Declaraciones del Superintendente de Sociedades
El superintendente Billy Escobar Pérez destacó la importancia del plan de desmonte como mecanismo legal para la devolución de dineros en casos de captación ilegal. Según Escobar, esta medida reduce el impacto social, disminuye los costos de los procesos y permite una recuperación más rápida de los fondos por parte de los afectados.
Con este plan, la Superintendencia refuerza su compromiso en la protección de los ciudadanos afectados por esquemas de captación no autorizada en Colombia.