A INICIOS de febrero de este año, Andrés Idárraga Franco, en calidad de secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, formuló una denuncia contra Olmedo de Jesús López Martínez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Ungrd y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de esa misma entidad; así como en contra de Luis Eduardo López Rosero, Sandra Liliana Brand Pantoja y Roger Alexander Pastas Fuertes, en sus calidades de representantes legales de las empresas Luket S.A.S., Brand S.A.S. e Impoamericana Roger S.A.S., por las anomalías encontradas en el contrato de los 40 carrotanques destinados para llevar agua a La Guajira.

Los presuntos implicados, así como también los testigos, han sido llamados a declarar para lograr esclarecer uno de los más sonados casos de corrupción en el país, declaraciones a las que también se ha sumado el secretario de Transparencia.

Así las cosas, en la jornada de ayer, sobre las 3 de la tarde, Andrés Idárraga se presentó en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para entregar información que permita aclarar los hechos ocurridos en la Ungrd durante la dirección de Olmedo.

De acuerdo a lo dicho por Idárraga, no solo los nombrados por él en su denuncia estarían involucrados, pues cuando le preguntaron si creía que algunos alcaldes electos habrían recibido en campaña beneficios de la corrupción en la Ungrd, respondió “seguramente” y posteriormente añadió: “porque encontramos contratos donde hay una vinculación, un beneficio, agradecimientos públicos que hay de alcaldes electos que mencionan a personas que hoy están vinculadas, mencionadas en algunos apartados, que la propia Secretaría de Transparencia ha puesto en conocimiento en otras denuncias en la Fiscalía y esperamos que esto de manera pronta se sepa”.

Por otro lado, cabe resaltar que, Idarraga comentó que antes de su declaración en la Corte Suprema de Justicia se encontró en la Embajada de Estados Unidos con Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de ese Alto tribunal, encuentro en el que acordaron que la Secretaría de Transparencia iba a entregar este y otros elementos que sirvan a la Corte para que avancen en la investigación.

“La Secretaría de Transparencia va a entregar nuevos elementos, mayores de contexto sobre lo que hemos descubierto, sobre lo que nosotros mismos hemos denunciado para que la Corte siga avanzando y las investigaciones que tiene a cargo”, acotó el funcionario.

Declaración de Sneyder

Luego del interrogatorio que rindió Sneyder Pinilla en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, durante este miércoles, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), confirmó que está dispuesto a ir a la cárcel por el caso de la compra de carrotanques que ha destapado un entramado de corrupción al interior de la entidad.

“De acuerdo a lo conversado con mis abogados, no me voy a oponer a una medida de aseguramiento que va a generar la Fiscalía General de la Nación, porque voy a seguir en pro de poder seguir contando toda la verdad al país”, afirmó Pinilla.

Asimismo, en las declaraciones también aseguró que va a enfrentar las consecuencias de sus acciones, “voy a entregarme a la autoridad cuando lo requiera, la idea es que en pocas semanas se pueda generar la imputación y por ende la medida de aseguramiento”, dijo el exsubdirector.

Comisión Nacional de Moralización

Por otra parte, en su cuenta de X, el secretario de Transparencia compartió las conclusiones a las que llegaron en la Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia anticorrupción liderada por el presidente Gustavo Petro.

“Regalias, OCAD Paz, salud: líneas prioritarias en materia de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción; se instalarán las subcomisiones técnicas de prevención y, detección y sanción de la corrupción, que trabajarán con un enfoque de garantía de derechos humanos y, las líneas de acción de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción, creadas por la Secretaría Transparencia, fueron apoyadas por parte de los delegados de la rama judicial (Consejo de Estado, Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría, Auditora General de la República, Contraloría General y la Defensoría).