Las organizaciones Diakonia y Act Iglesia Sueca dieron a conocer los finalistas de la VIII edición del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Son doce nominados entre defensores de derechos humanos, procesos sociales comunitarios y de base, y organizaciones, colectivos u organizaciones no gubernamentales acompañantes.

Estas personas o grupos de la sociedad civil “lideran la defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de sus comunidades, una labor que será reconocida públicamente en la VIII edición” del galardón, que se realizará el 4 de septiembre próximo en Bogotá, según un comunicado de los organizadores.

Una de las finalistas es Clemencia Carabalí Rodallega, presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), una mujer que ha trabajado durante más de 30 años defendiendo el territorio ancestral de comunidades negras y derechos de mujeres en esta zona del país, una región que actualmente atraviesa una difícil situación de seguridad.

En Asom trabajan 220 mujeres que realizan acciones en 10 municipios del departamento del Cauca, asediado por la pobreza y la violencia.

Para Carabalí, haber sido nominada a este premio es un “reconocimiento a esa ardua y arriesgada labor por la defensa de nuestros derechos humanos y étnicos”.

“Nos ha tocado debatirnos en medio de un conflicto armado que no es nuestro pero que nos ha tocado vivir, que se ha ensañado en nuestros territorios por todo lo que representa, afectando nuestras vidas, cultura y todo lo que somos hacemos y deseamos”, declaró Clemencia a la Agencia Anadolu.

Según afirmó la líder social, los principales problemas del Cauca incluyen estigmatización, amenazas, confrontación militar y falta de atención del Estado. También deben afrontar el crecimiento de los cultivos ilícitos, las consecuencias de la minería ilegal y la “presencia de megaproyectos y empresarios con intereses amenazantes”.

Por lo anterior, Clemencia lamentó la decisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de aumentar el pie de fuerza a 2.000 soldados en esta región del país, pues contrario a lo que esperan, “una presencia integral", el Estado "solo lo hace con fuerza pública”.

“Esto nos coloca en mayor riesgo. El mensaje al Gobierno es que atienda de manera decidida los pedidos que hacemos como pueblo negro”, afirma Carabalí.

Durante un acto que se realizó este miércoles en Bogotá, la líder social le pidió al presidente colombiano Iván Duque que avance en la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la comunidad negra y de los acuerdos de paz firmados con la desmovilizada guerrilla de las Farc.